La UCR quiere saber si el Ejecutivo e intendentes del FT invirtieron en financieras
Solicitan al Ministerio de Hacienda que informe el estado de cuentas del Estado provincial y los municipios de El Rodeo, Fray Mamerto Esquiú, Tinogasta, Fiambalá, Paclín y Santa María.
Dudas. El bloque no descarta pedir más información en el Tribunal de Cuentas.
12 de mayo de 2022 - 00:09
El bloque de diputados de la UCR presentó un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que remita un informe detallado sobre el estado de las cuentas del Estado provincial y los municipios de El Rodeo, Fray Mamerto Esquiú, Tinogasta, Fiambalá, Paclín y Santa María. La oposición quiere corroborar si existe falta de dinero en las cuentas que podría haber sido invertido en las financieras Adhemar Capital, RT Inversiones u otras.
Por el artículo segundo, se insta al Poder Ejecutivo Provincial a consolidar un sistema de información pública online, para toda la administración pública provincial y municipal de acceso ciudadano directo y efectivo.
“Las peores predicciones se están confirmando, la tolerancia de la sociedad está llegando a su límite y se observa con profunda preocupación cómo la no intervención del Estado está afectando las garantías constitucionales de los eventuales damnificados. Esta no intervención se cristalizó cuando en pleno desarrollo de la actividad, y habiendo alcanzado notoriedad las inexplicables ganancias, el Poder Ejecutivo se limitaba solamente a cobrar algunos impuestos. No se investigó en profundidad cuál era el funcionamiento de las financieras, y hoy se están evidenciando las consecuencias”, afirma en los fundamentos de la iniciativa.
Más adelante señala: “Al escándalo del Juzgado Federal y la denuncia de los Tribunales de Córdoba; la denuncia de la adulteración de los asientos en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Catamarca, se suma el comentario generalizado de la existencia de dineros públicos provinciales y municipales en las financieras Adhemar Capital y RT Inversiones, entre otras, lo cual obliga a arbitrar los medios para que el Poder Ejecutivo dé certeza de tenencia y disposición y buena administración de los recursos del Estado. De confirmarse, sería un escándalo de corrupción sin precedentes”, manifiesta.
“Entendemos que es necesario que el Ministerio de Hacienda informe sobre el estado de las cuentas públicas y las transferencias realizadas a los municipios. Cuánto dinero tiene en las cuentas bancarias y cuánto rendido ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”, requiere.
“El Estado no puede evadir su responsabilidad aduciendo que las inversiones eran una actividad entre privados, porque las consecuencias de esta actividad, supuestamente legal, o por lo menos permitida, está afectando no solo a inversionistas sino también, la prestación de diversos servicios y actividades, que se desprendieron de mano de obra y capital productivo, por apostar a un servicio financiero que, por su propia naturaleza, es altamente riesgoso. El Estado provincial no solo debe dar cuenta de su inacción, sino también de la supuesta comisión de acciones indebidas en su propio ámbito de actuación”, afirmaron.
En declaraciones al programa “Cae el Telón” de Radio Ancasti, la diputada Silvana Carrizo dio precisiones sobre la iniciativa y se refirió al pedido puntual que apunta a los intendentes Armando Seco (El Rodeo), Guillermo Ferreyra (FME), Sebastián Nóblega (Tinogasta), Roxana Paulón (Fiambalá), Eduardo Menecier (Paclín) y Juan Pablo Sánchez (Santa María). “Sobre esos municipios reside nuestra sospecha, lo que no obsta que después podamos pedir informes sobre otros”, manifestó.
“Queremos conocer el estado de cuenta de los municipios, ingresos y egresos y movimiento de cuentas. Constantemente recibimos denuncias de ciudadanos que llegan al bloque para denunciar que fondos públicos del Estado provincial se invirtieron en estas financieras. Queremos tener certezas porque sería un acto de corrupción si se destinó dinero del erario público a esas entidades y no para construir hospitales o la mejora de las escuelas, por ejemplo”, argumentó.
Carrizo dijo que ante las sospechas que existen en la sociedad se necesita tener certezas. “Tenemos intención de pedirle al TC que avance en una auditoría por objetivo si es que seguimos con estas dudas o vamos verificando que esta información es cierta”, sostuvo.
Carrizo lamentó que recién en junio tendrán sesión en la Cámara de Diputados porque el oficialismo se negó a sesionar los martes del mes de mayo en el que hay tres miércoles que son feriados. El 1º de junio la iniciativa tomará estado parlamentario y será girado a la comisión respectiva para su análisis. La legisladora anticipó que si la iniciativa no progresa por la vía parlamentaria, ya que son minoría, se realizará un pedido de acceso a la información pública.
