El estruendo político acapara la agenda y desplaza a un segundo plano la deficiencia principal en el Caso Rojas. Rumbo a los cinco meses del hallazgo del cuerpo, el fiscal Hugo Costilla no consigue reunir elementos que le permitan exhibir avances en el esclarecimiento del crimen.
La respuesta sobre la identidad y los móviles de los asesinos del ministro Juan Carlos Rojas parece cada vez más utópica, lejana en distancia que tiene relación proporcional a la metástasis de las hipótesis que se echan a rodar en base a presunciones estimuladas por las millonadas que administra el Ministerio de Desarrollo Social y la caja del sindicato de gastronómicos.
El contraste entre la multiplicidad de guionistas y la anemia probatoria, sin embargo, comienza a mellar la teoría del encubrimiento deliberado para afirmar la de la lisa y llana impericia de quienes intervinieron en el origen de la investigación.
El fiscal Laureano Palacios, sometido a Jury, es la punta del iceberg de un sistema minado por la ineptitud, la falta de compromiso y la inexperiencia. También la venalidad, pero en el caso concreto del homicidio de Rojas no han aparecido ingredientes que permitan conjeturarla con mínima consistencia, a no ser por las tramas conspirativas que descartan por poco fascinante la idea de que podría tratarse de un asalto ordinario con un entregador.
De los testimonios que tomó el fiscal Costilla a partir de que corrió el foco sobre las deficiencias de la instrucción originaria, surge que una gran cantidad de personas sabían que Rojas había sufrido una muerte violenta antes de la medianoche del 4 de diciembre en que Fernando Rojas encontró su cuerpo.
Los testimonios más importantes en este sentido fueron los de las médicas que hicieron la primera autopsia, el director del Cuerpo Interdisciplinario Forense y el gastronómico Luis Barrionuevo.
En el velorio de Rojas, que inició en la sede del sindicato gastronómico apenas el cuerpo fue entregado a los deudos, ya circulaba la versión de que tenía un golpe letal en la base del cráneo y la sabían los hijos del occiso.
Por lo menos 15 personas conocían el resultado de la primera autopsia y sus implicancias y es por eso que llamó tanto la atención que Palacios, el lunes por la mañana, dijera que no había signos de violencia a pesar de haber ordenado la recuperación del cuerpo para un nuevo examen. Es como si todos supieran que a Rojas lo habían matado menos él. Y si lo sabía, o lo sospechaba, es incomprensible que haya permitido que se entregara el cadáver antes de estar seguro.
Incluso para los niveles de improvisación e impericia que han quedado al descubierto en la instrucción de la causa, es inverosímil que se haya sellado un pacto de silencio entre más de una decena de individuos, en medio de un velorio muy concurrido, cuando la autopsia donde estaba registrado el golpe fatal se había realizado con el control de la perito de parte Marina Andrada y por consiguiente la información estaba en manos de los deudos. Más inverosímil resulta a conjura si se considera que fue Barrionuevo el que publicitó lo que tantos sabían ya.
Los últimos testimonios vertidos en la causa penal son elementos nuevos que impactan en el juicio político abierto contra Palacios. No estaban sino a nivel de rumor cuando el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, dictaminó que el proceso era improcedente, pero ahora tienen carácter formal, de manera que tendrá que evaluarlos para definir si formula o no la acusación, decisión que se conocerá entre hoy y mañana.
Palacios recusó al tribunal del Jury en pleno por parcialidad, lo que le abre espacio a postularse como víctima de una operación política.
Se verá el derrotero que sigue ese proceso político. Mientras tanto, en la arista estrictamente judicial, el pescado sigue sin venderse y se proyecta la sombra de la impunidad. Verificada la impericia y la irresponsabilidad, se hace evidente la falta de respuestas a la pregunta central: ¿Quién mató a Juan Carlos Rojas?
