Mientras el Gobierno catamarqueño busca empinar la reforma judicial en la Legislatura, el gobernador Ricardo Quintela avanzará en ese sentido a través de una reforma de la Constitución cuyos convencionales se eligieron el domingo.
Durante la visita que le hizo el inminente expresidente Alberto Fernández tras la contundente victoria, el mandatario se refirió al tema y anticipó algunos puntos que seguramente generarán polémica más allá de las fronteras de su provincia. De hecho es su intención, pues dijo que pretende “instalar un debate a nivel nacional”.
“Lo que se va a discutir acá, lo van a discutir los miembros de la Convención Constituyente, es la periodicidad de los jueces y la necesidad de crear una comisión especial que pueda tener la facultad de revisar las sentencias cuando se traten de cosas de interés público, o que afecten el interés de las mayorías populares, o que representen intereses determinados que la gente pueda pensar”, señaló.
“Nuestra libertad y patrimonio está en manos de los jueces –añadió-. Los jueces pueden leer, pueden revisar lo que tú escribes, lo que tú firmas, los expedientes de todos nosotros y pueden determinar si está bien o mal. Y nosotros, que somos electos por la voluntad popular, no podemos decir absolutamente nada de cada uno de ellos y ellos quedan en forma vitalicia y además se invisibilizan. A nosotros la gente nos conoce la cara, nos conoce nuestra familia, sabe dónde vivimos, cuándo damos un paso y de ellos no se sabe nada”.
Estas manifestaciones de Quintela fueron avaladas, obviamente, por Fernández, quien se remitió a su propia experiencia.
“Yo he enviado distintos proyectos al Congreso Nacional para revisar el funcionamiento de la Justicia y todos naufragaron, con el falso argumento de que los proyectos tenían el propósito de favorecer a Cristina. No había ningún proyecto que cambiaba el curso judicial de las causas de Cristina, pero lo cierto es que nunca los trataron. Si usted quiere conocer mi patrimonio entre a internet y tiene mi declaración jurada de bienes, pero nadie sabe cuáles son los bienes de un juez nacional de la Argentina, de un juez de la Corte, sabemos que no pagan impuestos a las Ganancias. Es importante que todo el mundo conozca nuestro patrimonio para que vean que no nos enriquecemos en la función pública, también sería bueno que los jueces lo hagan”, dijo el Presidente.
Las declaraciones se inscriben en el enfrentamiento de la Casa Rosada con el Poder Judicial, que ayer tuvo una nueva escalada con la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por parte de la Suprema Corte, pero es interesante lo que surge de las expresiones de Fernández: lo encarnizado de la disputa proporciona no solo pretextos a Cristina Kirchner para postularse como víctima de la persecución del “lawfare”; también le da coartadas a la Justicia para evitar revisarse y atribuir cualquier iniciativa en este sentido a desvaríos antirrepublicanos.
Es un juego de espejos cuyo resultado es la esterilidad y la perpetuación de anacronismos y privilegios.
Independientemente de las intenciones que tenga Quintela, la Justicia no es ajena al proceso de degradación institucional que abre espacio a las incursiones de aventureros extremistas como Javier Milei e induce la baja en la participación ciudadana.
El fracaso colectivo también concierne a la Justicia y no hay argumentos razonables para oponerse a un examen profundo que permita reformas de fondo tendientes a reconciliarla con la sociedad.
Acceder a la magistratura implica jugosos emolumentos a perpetuidad sin necesidad de rendirle cuentas nadie por malas praxis como no sea a los propios colegas de corporación a través de las vías recursivas, salvo en caso tan extremos y ostensibles que determinen la apertura de juicios políticos.
