Las consultoras pronostican que la inflación de marzo se ubicará entre el 12 y el 13%. Es decir, un escalón más bajo que la de febrero y al mismo nivel que la más alta de todo el gobierno de Alberto Fernández, ocurrida en noviembre. Es decir que estaríamos en el mismo nivel de inflación del final del gobierno anterior pero con un aumento notable de la pobreza, la indigencia y el desempleo, y con una caída brusca de la actividad económica. Los cálculos indican que la pobreza, por ejemplo, que era del 41% en el segundo semestre del año pasado, ya podrá estar superando el 50% y acercándose al 60%, como secuela lógica de un aumento del índice de precios muy por arriba de la evolución salarial.
Es altamente probable que la inflación vaya reduciéndose mes a mes. Y es posible, incluso, que entre mayo y junio ya esté en un dígito, como sucedía en los mismos meses del año pasado, si es que el gobierno no debe recurrir a una nueva devaluación, lo que complicaría aún más la estabilidad macroeconómica.
La reducción mes a mes de la inflación puede explicarse por la licuación de los salarios. La caída del poder adquisitivo ha frenado notablemente el consumo y eso conduce a que los precios dejen de subir. No hay un plan antiinflacionario milagroso ni minuciosamente elaborado y ejecutado con éxito: ocurre lo que tiene que ocurrir cuando la gente no puede seguir adquiriendo los productos que consumía antes ni pagando por los servicios de los que gozaba antes. En cambio, un plan de estabilización es verdaderamente exitoso cuando la economía crece y la inflación se mantiene estable o sube muy poco.
Además, en los casi cuatro meses de la gestión de Milei se observa que, paralelamente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, existe una transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía.
El Gobierno nacional promete que con la estabilización de la macroeconomía volverá a crecer la actividad económica y eso se verá reflejado con el tiempo en una mejora para los salarios. Es la famosa teoría del derrame, que funciona muy bien en ese plano, pero raramente en la práctica si es que no hay decisiones políticas fuertes que tiendan a una redistribución de los ingresos.
La pregunta que inquieta es cuándo empezará a crecer la economía. O, en rigor, si verdaderamente, con este esquema, es probable que la economía pueda volver a crecer de un modo sustentable. Para que la actividad económica empiece a crecer en forma sostenida se requiere de un incremento muy importante de la inversión pública o privada. La pública ya se sabe que no crecerá, si nos atenemos a la doctrina libertaria. Pero tampoco se avizora que los capitales privados estén dispuestos a invertir en una economía con el consumo tan reducido. ¿Para qué instalar una fábrica de lavarropas si son muy pocos, con los salarios tan deprimidos, los que pueden comprar ese artefacto? Si no es para el mercado interno, tal vez pueda crecer el nivel de inversiones en actividades productivas destinadas a la exportación, como la minería, pero en ese caso el impacto general es muy acotado.
Si no hay crecimiento sostenido y sustentable, el panorama será muy sombrío: la inflación puede reducirse notablemente, pero habrá una consolidación de la pobreza en niveles nunca antes vista. n
