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SUSCRIBITEEl gobierno que asuma en diciembre próximo enfrentará desafíos formidables en materia económica. Con un nivel de pobreza que ronda el 40% desde hace ya casi un lustro y una inflación que supera el 100% anual, no solo deberá estabilizar la economía sino además pensar en la estrategia para que crezca y para que haya una distribución del ingreso que permita mejorar los índices sociales.
Las nuevas autoridades se encontrarán con una pesada herencia: el nivel de endeudamiento público, que disminuyó notablemente entre 2004 y 2015 es en la actualidad altísimo por los créditos contraídos durante el gobierno de Cambiemos, ante el FMI pero también ante acreedores privados y por la emisión descontrolada del actual gobierno.
En 2004, la deuda pública representaba el 118% del PBI argentino. En 2015 representaba el 44% y en 2019 había subido al 81%. En 2020, durante la pandemia, el porcentaje se disparó al 103%, más por la caída del PBI que por el incremento de la deuda. Actualmente se sitúa en el 79%, casi al mismo nivel que hace cuatro años.
La negociación del exministro de Economía, Martín Guzmán, con acreedores privados y con el propio FMI, logró mejores condiciones, como extensión de plazos y, en el caso de los privados, una quita, pero el pago de intereses sigue siendo muy alta para una economía que tuvo tres años seguidos de recesión (2018, 2019 y 2020), dos de crecimiento (2021 y 2022) y que actualmente pierde fuerza, anticipándose un crecimiento muy exiguo para el presente ejercicio.
El acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI fue muy perjudicial para el país. Una parte importante del préstamo, de casi 57.000 millones de dólares, se utilizó para financiar la fuga de capitales. Así lo corroboró un informe presentado el miércoles pasado por la Auditoría General de la Nación, que añade muchos otros cuestionamientos. La auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. Además, se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
Como conclusión, la auditoría señaló que“los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento”.
La gravedad de la crisis y la envergadura del endeudamiento público torna inviable cualquier futura gestión de gobierno si no hay acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición en torno a temas claves. Tales coincidencias, sin embargo, no podrán prosperar si es que continúan prevaleciendo las posturas renuentes a cualquier acercamiento con el adversario de turno para definir las políticas públicas. El problema es que ahora no queda casi margen para las disputas sectoriales.
