La demora en la definición de la situación procesal del diputado Javier Galán obedece al extremo cuidado con que el juez de Garantías Marcelo Sago ha decidido abordar su desafuero. Esto coloca al legislador ante una paradoja: la conducta del juez contradice la hipótesis del complot político-judicial en la que se refugia.
Atento a lo sensible del caso, Sago no ofrece flancos para que pueda señalàrselo como miembro de la “justicia dependiente” catamarqueña, a la que el legislador se refiere en términos generales sin ofrecer nombres concretos. Por eso es que aguardará a que se resuelvan todas las vías recursivas antes de sentenciar si es procedente el desafuero, indispensable para que las causas contra Galán puedan avanzar.
La cautela del juez, sin embargo, no es tanta como para que se abstenga de algún señalamiento crítico a la estrategia jurídica del diputado. Cuando Galán, por ejemplo, le solicitó la caducidad de la primera causa en su contra por haberse vencido el plazo de dos meses establecidos para definir el desafuero, respondió que la demora se debe pura y exclusivamente a las sistemáticas oposiciones interpuestas por su propio defensa.
La Corte, por otra parte, rechazó la recusación de Sago que la defensa había interpuesto fundada un supuesto adelanto de opinión. El abogado de Galán sostuvo que el juez había diferido medidas de prueba para cuando se iniciara la investigación penal preparatoria. Tal decisión, consideró el letrado, "denota la voluntad del magistrado, pues asegura explícitamente que habrá investigación penal preparatoria, lo que pone de manifiesto la ausencia de imparcialidad del juzgador".
La Corte rechazó el razonamiento. Indicó que Sago, como juez de Granatías, debe considerar solo si el desafuero corresponde, no determinar si el eventual desaforado es o no culpable de los hechos que se le endilgan. Además, la sala Penal del tribunal señaló que Sago había consignado específicamente que las medidas de prueba requeridas se harían en la investigación penal preparatoria “si el fiscal del caso las considera pertinentes y útiles”.
Vericuetos leguleyos. El caso es que la actuación de Sago hasta el momento no permite inferir que pese sobre él algún tipo de influencia facciosa, ni denunciarlo razonablemente por arbitrariedades.
Impedido de victimizarse por esa vía, Galán insiste con ataques al bulto al desempeño del Poder Judicial, táctica que lo hace desbarrancar desatinos como el de solicitar que el presidente Javier Milei, si visita Catamarca, se reúna con Ada Morales, madre de María Soledad. Se desconoce que opina Ada sobre este nuevo manoseo político del crimen de su hija, perpetrado por un sujeto denunciado por abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios, a casi cuarenta años de los hechos.
En su condición de diputado provincial, Galán tiene herramientas y facultades institucionales para avanzar contra la Justicia a la que en términos generales execra.
Pasa que esto demandaría un trabajo más serio y minucioso que confeccionar videos para sus redes, como recolectar elementos probatorios que sustenten sus hipótesis.
Mientras tanto, se dedica a cualquier cosa menos a desmentir taxativamente los interrogantes que signan su peripecia ¿Fue a un albergue transitorio con una de las mujeres que lo denuncia antes de darle trabajo en la Cámara de Diputados? ¿Les quitaba una parte de sus sueldos a sus empleados legislativos? ¿Los hacía trabajar en su corralón particular a cambio de los emolumentos de la Cámara?
El Caso Galán se reduce a eso. Nada tiene que ver la muerte de Juan Carlos Rojas y mucho menos la de María Soledad Morales, que incorpora a sus fantochadas mientras dilata los procedimientos judiciales que lo comprometen, aferrado a sus fueros.