La conmoción que produjo exhibición de las imágenes del cadáver de Juan Carlos Rojas indujo una escalada de las teorías conspirativas cuyo ritmo conviene atenuar para salvaguardar a la causa de intoxicaciones facciosas.
Se impone separar la paja de las presunciones del trigo de las pruebas, porque es notable el esfuerzo que algunos sectores y dirigentes empeñan en tratar de emparentar el homicidio del ministro de Desarrollo Social con el de María Soledad Morales. En tal afán, omiten elementos obvios que diferencian ambos casos con el propósito, no menos obvio, de extender la impresión de que se ha montado un operativo de encubrimiento cuyos instigadores y beneficiarios no se identifican, salvo por el genérico y difuso concepto de “el poder”.
Es temerario postular conclusiones definitivas en esta instancia. La esterilidad de la investigación sobre el asesinato es tal que, a más de cuatro meses de cometido, no existen hipótesis medianamente firmes siquiera sobre sus móviles.
Esta prolongada deficiencia solo es indicio de inoperancia judicial; no prueba encubrimiento alguno. No hay pruebas consistentes, en rigor, de nada.
Las brutales lesiones en el cuerpo de Rojas, expuestas por sus hijos en una dura conferencia de prensa, son compatibles con torturas que podrían haberle aplicado para sacarle información. En función de esto, una de las líneas de investigación sigue la posibilidad de que el asesinato haya sido producto de un robo. Rojas podría haber sido golpeado hasta la muerte para que cantara dónde estaba un botín hipotético.
Conocedores del ambiente delictivo señalan el rol que cumplen los “dateros” al marcar los blancos para los golpes. Rojas podría haber muerto víctima de un atraco disparado por un dato falso, en un hecho de inseguridad ordinario desprovisto de los condimentos políticos que se le atribuyen y ajeno a las tramas novelescas que con tanto énfasis se postulan a la consideración pública. Las modestas condiciones de vida del ministro, que sus hijos contrastaron con las de otros funcionarios, lo hacían también más vulnerable a este tipo de ilícitos.
Por supuesto, también podrían haberlo asesinado por otras causas, pero la investigación marcha desnortada y no es posible inclinarse por ninguna.
El fiscal Hugo Costilla ha convocado a la ministra de Seguridad Fabiola Segura, el exjefe de Policía Ángel Agüero y los peritos, con la esperanza de que le proporcionen elementos que le permitan orientarla.
También pedirá el testimonio del sindicalista Luis Barrionuevo, que fue quien reveló que Rojas, su amigo y brazo derecho en Catamarca, no había muerto por causas naturales sino asesinado.
Barrionuevo irrumpió nuevamente en escena cuando los hijos de Rojas le recriminaron que los había abandonado. Encuadrado en la narrativa del encubrimiento, el reproche contenía una carga de veneno que el gastronómico no estaba dispuesto a tragarse, mucho menos cuando las fotos del martirio de Rojas habían trascendido ya las fronteras provinciales.
Salió a recordar lo más evidente: él fue quien informó, antes que la Justicia, que Rojas había sido víctima de un asesinato ¿Por qué lo haría si hubiera tenido intenciones de encubrir algo?
Recordó además un detalle que amenazaba quedar sepultado bajo los efectos emocionales de las imágenes y el legítimo dolor de los deudos: el primero que vio el cadáver y las condiciones en que se encontraba fue Fernando Rojas, el hijo del ministro que levantaba las fotografías durante la impactante conferencia de prensa, quien además podría haber alterado la escena del crimen porque la lavó.
Las palabras de Barrionuevo, que está dispuesto a declarar en la causa, permiten reacomodar las perspectivas.
El origen de la incertidumbre y las sospechas en torno al Caso Rojas es la defección del fiscal Laureano Palacios.
Es esclarecedor un dato que el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, incluyó en los argumentos para dictaminar que el juicio político a su colega es improcedente.
Palacios había dicho a la prensa el mediodía del domingo 4 de diciembre, cuando llegó a la casa de Rojas, donde su hijo Fernando había encontrado el cadáver, que no había indicios que permitieran suponer que se trataba de un crimen. Los análisis semánticos son superfluos: la “muerte natural” fue la versión que quedó instalada y se informó de modo unánime desde ese momento y hasta que Barrionuevo pateó el hormiguero. No hay registro de una sola excepción.
El resultado de la primera autopsia practicada al cuerpo de Rojas estuvo a disposición del fiscal antes de las 22 horas de la luctuosa jornada. Por si las evidencias visuales no habían sido suficientes, de ese estudio surgía patente que el deceso había sido violento: los golpes, la fractura de cráneo, las huellas del tormento están registradas en ese primer informe.
Sin embargo, Palacios no aclaró nada sobre lo que había dicho al mediodía. Es más: después de esas declaraciones desapareció completamente para aparecer recién al día siguiente, después de que Barrionuevo reveló que “a Rojitas lo mataron”, para ordenar la segunda autopsia.
Esta conducta del fiscal revela una desconexión con la realidad inquietante. Tenía en sus manos la investigación nada menos que de la muerte de un ministro y había ordenado una autopsia que desmentía de modo terminante su impresión inicial de que no había indicios de violencia en el deceso.
¿No se le ocurrió que era preciso poner en conocimiento de la opinión pública semejante giro de los acontecimientos? ¿O no se enteró de lo que la autopsia que el mismo había mandado hacer hasta el día siguiente?
Las consideraciones hacia Palacios de Barrionuevo, personaje al que no se le pueden asignar modales delicados, es en este caso destacable. Supo apenas terminó la autopsia que a su amigo la habían matado brutalmente y se abstuvo de hace cualquier referencia pública al respecto hasta que advirtió que Palacios no daba señales de vida y la versión de la muerte natural continuaba circulando sin contradicciones a casi 24 horas del hallazgo del cuerpo como si tal cosa.
Esto es: el Ministerio Público Fiscal –Palacios-, que representa los intereses de la sociedad, no desvirtuó la hipótesis pública y notoria de la causa de “muerte natural” que él mismo había echado a rodar. Palacios pretendió enmendar semejante abdicación de sus responsabilidades con una segunda autopsia que no difiere de la primera más que en establecer “la causa y especificidad del mecanismo de muerte”.
O sea que, según la primera autopsia, el muerto tenía masacrada la cara, fracturado el cráneo, lesionadas rodillas y codos, signos indubitables de haber recibido una salvaje golpiza, pero el criterio de Palacios requería detalles adicionales para convencerse de que estaba ante una muerte violenta.
Con todo, es preciso subrayar que no existen diferencias sustanciales entre las dos autopsias. Si se borraron pruebas, no estaban en el cadáver.
La enajenación del fiscal Palacios es más grave si se tiene en cuenta que no accedió al cargo por su competencia como jurista o su experiencia, sino por acomodo, gracias a los contactos labrados en su militancia política. Esta actividad, central en su currículum, indispensable para explicar su ingreso al Poder Judicial por la cumbre inmaculado de precedentes profesionales, no lo dotó de la competencia elemental para darse cuenta del explosivo expediente que tenía en sus manos.
El Gobierno paga caro haber saturado de incompetentes e improvisados el Poder Judicial.
El ingrediente político del Jury se impone sobre las formalidades procedimentales. La inaudita torpeza de Palacios ha inferido un daño inconmensurable al de por sí devaluado prestigio de la Justicia.
Las fotos del cadáver barrieron cualquier vestigio de defensa política que pudiera haber existido y el Tribunal del Jury habilitó el proceso por unanimidad.
El fiscal Mauvecín tiene hasta el 17 o 18 de abril para definir si lo acusa o no.
