Sacaron despachos en disidencia en la Cámara de Diputados
La oposición recordó su oposición a los cambios en el convenio con la litífera
La oposición se hizo eco de la información publicada por El Ancasti con respecto a la multimillonaria venta por parte de Livent de sus derechos en la puna local a la empresa Rio Tinto, en donde se desconoce si la Provincia, que tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía, obtuvo algún porcentaje de la transacción. En este sentido, el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), afirmó que la situación amerita una denuncia penal contra el Ejecutivo provincial, mientras que el radical Mamerto Acuña recordó que la UCR advirtió de los perjuicios a la Provincia por el nuevo contrato entre la Provincia con Livent.
En diálogo con “Mañana Central” de Radio Ancasti, Ávila sostuvo que está situación “es distinta a la de la subfacturación de Livent”. En este sentido, consideró que se debe hacer una denuncia contra el Gobernador “por haber enajenado las acciones Clase A que le pertenecen a Catamarca, que era socia a través de Minera del Altiplano”.
“Catamarca tiene directores en esa empresa y ese proceso de enajenación de venta no ha pasado por la Legislatura como establece la Constitución de la Provincia”, afirmó el diputado.
Ávila fue un paso más allá de la venta millonaria de Livent a Rio Tinto al considerar que esa transacción podría ser una simulación. “Esos 6.700 millones de dólares que pagó Rio Tinto es por la compra no tan solo de los yacimientos en Catamarca, sino que también incluye yacimientos mineros en Salta y en Jujuy”, sostuvo.
“Esto es grave porque se termina generando una cartelización en una sola empresa. Esto yo lo había planteado antes que se apruebe el RIGI. Adherir a este plan iba a provocar que se genere este tipo de ventas simuladas para entrar en los beneficios del régimen de incentivo y quede todo en un solo dueño”, dijo.
El diputado explicó que actualmente “un solo grupo es dueño de la mayoría de los yacimientos”.
Por su parte, Mamerto Acuña recordó “las incongruencias” del contrato reformulado en 2017. El legislador recordó que la UCR alertó en su momento sobre los riesgos de modificar el acuerdo original, lo que dio lugar a una situación que permite a la empresa "vender libremente el patrimonio de todos los catamarqueños".
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“El aviso de la UCR es hoy una realidad”, enfatizó Acuña, quien recordó que su partido presentó un dictamen en disidencia durante el debate por la modificación del contrato. “Este dictamen buscaba salvaguardar los intereses provinciales, anticipando el perjuicio que generaría la posibilidad de que Livent vendiera su participación accionaria sin autorización local”, recordó.
El legislador opositor subrayó además que el actual contrato deja a la Provincia fuera de las ganancias derivadas de la venta de acciones de Livent en mercados internacionales, limitando su participación económica solo a los ingresos por la venta del litio. “Catamarca posee acciones clase A de la empresa y le corresponde una justa participación en las ganancias que derivan de la mera existencia y potencial del recurso minero, propiedad de la Provincia”, sostuvo.
Al comparar el contrato de 2017 con los acuerdos originales de 1991 y 1994, Acuña señaló que los primeros respetaban el artículo 66 de la Constitución Provincial, que prohíbe la cesión o transferencia de contratos. “El contrato actual se contrapone a este artículo y, por lo tanto, podría ser considerado inconstitucional”, explicó. Para Acuña, las disposiciones del nuevo acuerdo han socavado las protecciones que originalmente se establecieron para resguardar los recursos provinciales.
Finalmente, el senador nacional Flavio Fama también se refirió a la polémica al afirmar que “falló el Estado en los controles”.
“Me preocupó. Es ahí donde el Estado tiene que estar presente controlando. Es ahí donde son necesarias las regulaciones que nosotros hacemos desde el Congreso de la Nación”, explicó desde Buenos Aires en una nota con "Mañana es hoy" de Radio Ancasti.
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“Catamarca tiene su propia ley, pero hay que tener un marco nacional para que exista previsibilidad para las empresas y seguridad para los gobiernos", dijo.