Todos los 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas en 2007. Este año el lema fue “Lograr la justicia social a través de Empleo”.
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La naturaleza de la justicia social
El sentido asignado a la celebración de este año es clave para entender la naturaleza de lo que se denomina justicia social. En el intento para bajar los niveles de pobreza e indigencia el Estado utiliza herramientas de las más variadas, pero solamente aquellas que son capaces de crear empleo registrado y de calidad o de fijar derechos a través de normas pueden ser consideradas como generadoras de justicia social.
La ayuda social directa, los planes sociales, son paliativos necesarios para asistir a la población con sus derechos vulnerados, instrumentos de contención en la emergencia que sin embargo no pueden caracterizadas como políticas tendientes a soluciones sociales de largo plazo. Lo mismo sucede con la creación de empleo informal, precarizado o de baja calidad, puestos de trabajo que así como aparecen pueden esfumarse de un día para otro. Quienes se desempeñan en la economía informal se desempeñan en trabajos que no solo tienen ingresos por debajo del promedio general, sino que también son, generalmente, más inseguros e insalubres, con cargas horarias mayores, con escaso acceso a capacitaciones, no están registrados, ni regulados ni protegidos por la legislación laboral.
Las estadísticas difundidas por la ONU consignan que más del 60% de la población mundial trabaja en la economía informal. En la Argentina, la informalidad alcanzó en el segundo trimestre del año pasado a un 42.5% de los trabajadores, un poco menos que la tasa de 45% del cuarto trimestre de 2019.
Los esfuerzos por formalizar el empleo en negro no siempre son eficaces. Además, en épocas de recesión o caída de la economía la misión es prácticamente imposible. De todos modos, como la problemática es global, existen estrategias sistematizadas, lineamientos generales a seguir para avanzar en el propósito mencionado. La Organización Internacional del Trabajo elaboró en 2015 un trabajo denominado “Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015” que proporciona “guías prácticas para establecer estrategias integrales y coherentes con perspectiva de género que faciliten el paso a la economía formal”.
La Agenda 2030 de la ONU y el informe “Nuestra Agenda Común”, del mismo organismo también reconocen como prioridad la transición de la economía informal a la economía formal y pide que se establezcan hojas de ruta para integrar a los trabajadores y empresas informales.
La creación de empleo de calidad y la formalización del empleo ya existente pero no registrado son desafíos ineludibles si el propósito es reducir las desigualdades y sacar a millones de personas de la pobreza. La construcción de la justicia social se completa con otra formalización: la de los derechos, que se plasman en leyes para que tengan permanencia y no sean recortados o negados por decisiones arbitrarias de los gobernantes de turno.