El economista de la UBA Pablo Caramelo, en una columna publicada ayer domingo, alude a lo que la economía experimental denomina el juego del ultimátum, planteado por primera vez por Werner Güth, Rolf Schmittberg y Bernd Schwarze. Dos jugadores deciden repartirse una determinada suma de dinero pero bajo la siguiente regla: el primer jugador hace una propuesta de distribución y el segundo solo puede aceptar o rechazarla. Si la acepta, el dinero se divide como lo establece la propuesta; y si es rechazada, ningún jugador recibe nada.
Según los postulados de la economía clásica, según los cuales las personas actúan siempre de manera racional y egoísta, el jugador proponente debería ofrecer una cantidad mínima a su oponente, para quedarse con todo el resto; y el segundo jugador aceptaría, porque siempre algo es mejor que nada. Pero los resultados del experimento sorprenden. “Se ha observado que la mayoría de las personas en la posición del primer jugador ofrece casi siempre la mitad del dinero. También se observó que la mayoría de las personas en lugar del segundo jugador tienden a rechazar una oferta menor del 20 por ciento del total, ya que la consideran injusta. Este experimento muestra entonces la existencia de cierta tendencia en los individuos a una cooperación razonable, evidenciando además que los agentes están dispuestos incluso a sacrificar parte de su dinero con tal de aleccionar a quienes muestren comportamientos extremadamente egoístas, lo cual logra estabilizar un determinado escenario de cooperación”, explica Caramelo.
Se intenta demostrar la falta de validez de los principios del neoliberalismo, que sostienen que el mercado se regula automáticamente (la mano invisible del mercado), sin intervención estatal, por el comportamiento egoísta de los individuos, comportamiento egoísta que, al converger, funda la prosperidad colectiva, lo cual no ha sido corroborado nunca en la práctica, como lo indica la historia de los países modernos.
Pero el juego del ultimátum también podría poner en tela de juicio el intervencionismo estatal desmedido, que pretende regularlo todo, desconociendo que en la sociedad civil existe una innato sentido de colaboración que bien podría asumir funciones reguladoras.
El debate acerca del rol del Estado como regulador de la economía lleva siglos y aún no ha sido saldado. Su prescindencia favorece la desigualdad y los desequilibrios generales. Su intervención asfixiante termina anulando formas virtuosas de cooperación, solidaridad y empatía que se encuentran en el seno mismo de la sociedad. Y esa intervención no es tampoco garantía de equidad, porque quienes disponen las regulaciones pueden orientarlas según criterios egoístas, favoreciendo a algunos grupos por sobre otros, como lo prueba también muy bien la historia de las naciones.
No es sencillo encontrar un equilibrio. Tal vez la clave sea diseñar un modelo político en el que el Estado cumpla funciones reguladoras razonables, evitando le hegemonía de grupos sobre otros, pero potenciando también la sinergia virtuosa que resulta de la articulación de los actores –organizaciones, instituciones- que despliegan labores de cooperación y aglutinamiento social.
