El juez federal Miguel Ángel Contreras indagará a Ana María Oliva, madre de Cristian Rojo -propietario de la empresa Callvu Servicios Financieros Bursátiles-, por la supuesta comisión de los delitos de "intermediación financiera no autorizada, estafa y lavado de activos en calidad de partícipe secundario, y asociación ilícita en concurso real en calidad de autora".
La medida fue solicitada por el fiscal federal general, Rafael Vehils Ruiz, en el marco de la causa que investiga a Rojo por presunta “intermediación financiera no autorizada, estafa y lavado de activos en concurso real, con el delito de asociación ilícita y amenazas”.
Damnificados de la empresa denunciaron a Oliva por la firma de un pagaré por una abultada suma de dinero en dólares y la celebración de contratos con inversionistas.
Fuentes oficiales informaron además que la mujer habría incorporado a su patrimonio al menos un vehículo de alta gama y adquirido obligaciones de pago en representación de Callvu pero a su nombre, y no podría justificar el origen de los bienes adquiridos.
Para la Fiscalía, Oliva formó parte de un equipo o banda que habría tenido como objetivo la captación de fondos y particularmente en maniobras tendientes a incorporar esos bienes en su patrimonio.
En este marco, Vehils Ruiz solicitó que se ordene su inmediata detención para que pueda ser indagada en el Juzgado Federal.
Además, pidió que se realice una pericia caligráfica sobre el pagaré en cuestión y que se trabe embargo a todos los bienes muebles e inmuebles que estén a su nombre.
Contreras fijó fecha de audiencia y solicitó a Gendarmería Nacional que arbitre los medios necesarios para que Oliva comparezca a esa audiencia.
Asimismo, pidió que peritos de Gendarmería Nacional efectúen una pericia caligráfica al compromiso de pago y que se libre una orden de embargo preventivo sobre tres vehículos de su propiedad.
Entre otras medidas, el juez Contreras ordenó que se cite a declarar a Daniel Traico, integrante de una conocida familia de gitanos de La Chacarita, que en octubre de 2006 estuvo acusado del delito de “defraudación por retención indebida” en una causa que investigó la Justicia de la Provincia, por ser una de las figuras de estafa.
Entres los imputados en la causa Callvu está Eduardo Guerrero, propietario de la Inmobiliaria Guerrero, quien en julio al ser indagado se despegó de las acusaciones en su contra que derivaron en su detención.
Para él, Contreras solicitó el embargo preventivo de un inmueble.
Guerrero fue señalado como pocero. Al ser indagado negó que su inmobiliaria fuera una sucursal de la financiera de Rojo y aclaró que sí tenía un pozo en esa empresa que compartía con integrantes de su familia y con allegados.
Paralelamente el juez solicitó a Gendarmería que emita un informe sobre el monto total de dinero secuestrado en la causa, para que sea depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.
Presuntamente, Guerrero era socio de Rojo en la empresa Callvu. En julio y luego de la detención de ambos, ingresó al Juzgado Federal un pedido de imputación de la madre de Rojo, a quien la señalan como integrante de una presunta asociación ilícita.
El pedido fue efectuado por el abogado representante de un ahorrista asegurando que Oliva habría sido quien cerró acuerdos y acordó pagos con varios acreedores. En la empresa, Oliva habría formado parte como socia pero oculta.