Después de varios años de caída –los dos últimos del gobierno de Cambiemos y el primero del Frente de Todos- durante 2021 se registró en la Argentina un fuerte incremento de la inversión pública ejecutada por la administración nacional. El monto de lo invertido ascendió a $1.108.623 millones, lo que representa un aumento nominal del 275 por ciento, alcanzando el nivel más alto de los últimos cinco años. Los datos corresponden a un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La suba de la inversión pública nacional, por su evidente y probado efecto multiplicador, impulsó el alza del PBI, que el año pasado creció alrededor del 10 por ciento respecto del primer año de la pandemia.
Catamarca figura en el lote de las provincias más beneficiadas. Un informe elaborado por la Consultora Politikon, de Chaco, consigna que cuatro jurisdicciones superaron el 200 por ciento de incremento real: Formosa, Chubut, San Luis y Catamarca. Las más perjudicadas, que tuvieron caídas reales, son Jujuy y San Luis.
Se sabe que es en los años en los que se celebran comicios cuando la inversión pública crece a un ritmo mayor, lo que mejora la perspectivas electorales del oficialismo. Fue muy importante en 2015, cayó en 2016 y volvió a subir en 2017, cuando Cambiemos logró un triunfo en las elecciones legislativas de medio término a nivel nacional. La excepción fue el 2019, año de las últimas presidenciales, cuando la crisis originada por la falta de financiamiento luego del fracaso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contrajo la inversión pública a niveles subterráneos.
Hay incertidumbre respecto de los niveles que alcanzará en el corriente año. En el gobierno nacional apuestan a que, con el estiramiento de los plazos para hacer frente a los compromisos de pagos de la deuda contraída con el FMI, la inversión podrá continuar su tendencia alcista. E incluso que el acuerdo con el organismo genera las condiciones para un aumento también de la inversión privada, nacional y extranjera.
Pero no todos los análisis son optimistas. Si bien es cierto que el entendimiento con el Fondo le dio aire a la Argentina, también lo es que las exigencias de reducción del déficit fiscal para los próximos años condicionan la expansión de la inversión pública.
La inestabilidad política que es recurrente en la Argentina por los enfrentamientos entre distintas fuerzas y por las internas indisimulables hacia adentro de una misma fuerza –en este caso en el oficialismo nacional por diferencias en lo que respecta al acuerdo con el FMI- funciona como ancla para el despegue económico. Es lógico y hasta deseable que en democracia las diferencias existan y se expresen abiertamente, pero para que un país se encamine por la senda de un desarrollo sustentable se necesitan acuerdos sobre temas estratégicos que den lugar a políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos. La inversión pública nacional -los montos y sus criterios de distribución- es una de ellas.
