domingo 22 de mayo de 2022

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Cara y Cruz

La interpelación Pachao

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15 de marzo de 2022 - 02:15

El sistema judicial catamarqueño parece empeñado en convertir el caso de Diego Iván Pachao en un destilado de todas sus miserias.

No es posible ya hablar de la causa por el asesinato del muchacho, ya que ésta no existe: se declaró su prescripción al año pasado. Lo que queda es un expediente por vejaciones e incumplimiento de los deberes del funcionario público contra cuatro policías.

En una escena general tramada por las defecciones, la perpetrada contra Diego Pachao y sus deudos se destaca por su saña: el crimen quedó impune a pesar de haber estado durante los nueve años que transcurrieron entre su comisión y la absolución de los presuntos homicidas permanentemente expuesto a la opinión pública.

Telmo, el padre del chico, se la pasaba pidiendo justicia frente a la Casa de Gobierno y se salvó de la amargura de la prescripción del homicidio porque murió antes.

Claudia Veliz, su madre, no tuvo esa suerte. Todavía padece el dolor de las alquimias leguleyas, mendigando el consuelo de una sentencia por vejaciones, ya que no la obtuvo por el asesinato de su hijo.

Ayer se cumplieron 10 años del crimen. La Corte de Justicia aceptó el planteo de incompetencia elevado por juez Correccional Diego Chayle Costilla, sobre quien había recaído la responsabilidad de juzgar a los policías, y ordenó que lo haga la Cámara Penal Nº 2. Siga la rosca.

Todos los recaudos para garantizar la impunidad se tomaron en el expediente Pachao.

La Cámara Penal Nº 2 de Catamarca que deberá abocarse a definir la situación de los policías, donde iba a realizarse el juicio oral y público, advirtió el 19 de noviembre que uno de los ocho encartados por el crimen era menor de edad cuando se produjo el homicidio, por lo que una parte del proceso debería haberse tramitado en el fuero penal juvenil.

El detalle no fue considerado por el juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña y hubiera precipitado la nulidad de las actuaciones en el propio juicio oral y público o en alguna de las instancias recursivas. De hecho, el Juzgado Penal Juvenil dictaminó la prescripción por el homicidio que se les endilgaba a dos hermanos en diciembre y solo quedó en pie la causa por vejaciones.

Diego murió el 14 de marzo de 2012 en el Hospital San Juan Bautista, poco después de que lo sacaran agonizante de la Comisaría Séptima. Tenía 20 años.

A su madre no le habían permitido verlo en el destacamento. “Su hijo no se salva ni acá ni en la China”, le dijo uno de los médicos que lo examinó en el nosocomio.

En la madrugada del 15 de marzo, luego de la muerte, se desató una violenta revuelta que tuvo en vilo a todo el barrio Parque América. Grupos de adolescentes y jóvenes encapuchados, a pie y a bordo de motocicletas de baja cilindrada, atacaron la Séptima a pedradas y con bombas tipo molotov.

El recién asumido Gobierno de Lucía Corpacci, que acababa de celebrar un año de su victoria sobre el FCS, consideró que el estallido había sido instigado por sectores ligados a la oposición y punteros a los que les había quitado el manejo de elementos para el asistencialismo.

La madre del occiso recriminó la indiferencia del poder político que le había prometido respaldo y aseveró años después: “Quisieron callarnos con dinero”.

Diego Pachao es quizás el más notorio de los testimonios de que las varas que se aplican para brindar el servicio de justicia depende del poder adquisitivo y el posicionamiento social de las víctimas, pero no interpela solo al Poder Judicial: como la sociedad lo tolera, a la política no le genera costos.

Así se naturaliza el oprobio: no hay Justicia para los muertos baratos.

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