Aunque ya venía observándose desde hace varios años, la pandemia precipitó el fenómeno...
Aunque ya venía observándose desde hace varios años, la pandemia precipitó el fenómeno que ha sido bautizado en los países con mayor grado de desarrollo como la “Gran Renuncia”. Se trata de la decisión, adoptada por numerosos trabajadores, en una inmensa proporción jóvenes, de renunciar a la seguridad que otorgan trabajos estables sin necesariamente tener asegurado otro puesto. Son decisiones que apuntan a romper con la rutina laboral, a gozar de mayor libertad y tiempo para disfrutar o para encarar proyectos personales.
En el trasfondo de esta decisión hay una seguridad de tipo económica –evidentemente los “renunciantes” no sufren de apremios de esa índole- y otra basada en el conocimiento: quienes adoptan esta decisión son, por lo general, personas con una formación técnica o profesional que los habilita para encarar emprendimientos propios o recuperar un puesto formal rápidamente, si así lo desean.
La Gran Renuncia tiene coletazos en la Argentina de la misma naturaleza. Pero en la versión local hay un fenómeno emparentado que emerge por otras razones y que involucra a sectores laboralmente menos calificados. Se podría describir como la decisión de renunciar a trabajar en el empleo privado –a los puestos que ya se ocupan o a ofertas laborales que se formulan-, pero no movidos por la necesidad de atender a la realización personal, sino como una estrategia para tener mejores ingresos.
La Gran Renuncia al modo argentino se explica por los bajos salarios. Salvo algunos tipos de trabajo –en el Estado o en actividades cuyos aumentos salariales obtenidos en paritarias acompañan el ritmo inflacionario o incluso le ganan-, los sueldos que se ofrecen no resultan atractivos. Es que la desocupación en la Argentina no se encuentra entre los primeros problemas, como sucedía hace un par de décadas atrás. El problema son los bajos ingresos. Y eso involucra tanto a la actividad laboral informal –o “en negro”-, como a empleos dentro de la formalidad pero con sueldos que están lejos de la denominada línea de pobreza.
La actitud asumida por este sector, que puede depender de asistencia estatal o no, tiene su lógica: a veces no es un incentivo atractivo el empleo privado de baja remuneración cuando pueden obtener mejores ingresos a través del emprendimiento personal o asociativo, o incluso el cuentapropismo. Mejor aún si a esos ingresos obtenidos por el esfuerzo propio se le suma una ayuda estatal: la suma será siempre mejor que el salario ofrecido en la actividad privada de baja calificación.
Las causas de los bajos salarios en empresas privadas se explican, por un lado, a partir de una oferta insuficiente de parte del empleador para lograr mejores ganancias, pero en la mayoría de los casos por problemas de rentabilidad del negocio. En este último caso, los ingresos de las empresas –en su inmensa mayoría Pymes- no son los suficientes como para garantizar mejores sueldos para sus empleados.
Para resolver la primera causa se requieren de controles laborales adecuados a los efectos de evitar la explotación laboral. Para la segunda alternativa la solución es más compleja: se requiere de dotar a la economía nacional, y por ende a las empresas, de una competitividad que ahora no tienen. Un desafío muy difícil, pero no imposible, en un contexto de crisis.
