Continúan concretándose medidas. El fallecido llevaba un mes detenido, acusado por delitos contra la integridad sexual.
Bajo las órdenes de la Fiscalía Penal de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta continúan llevándose a cabo distintas medidas en el marco de la investigación por el suicidio de un joven en la comisaría de ese departamento. El fatídico hecho sucedió el martes de la semana pasada. El joven se encontraba privado de la libertad desde el último fin de semana de marzo, tras ser acusado por delitos contra la integridad sexual.
El fiscal de Tinogasta está a cargo de la investigación. En paralelo, el área de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia también habría iniciado una investigación. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que existen protocolos por parte del Ministerio de Seguridad y del Poder Ejecutivo para resguardar la integridad física de las personas alojadas en centros de detención. La custodia de las personas detenidas es competencia del Poder Ejecutivo.
En un primer momento, el acusado se encontraba alojado en la comisaría de Fiambalá. Sin embargo, tras fugarse del lugar de detención y de ser recapturado, por orden judicial fue trasladado a la comisaría de Tinogasta. Dado este precedente, también se indicaron mayores recaudos, entre éstos cada dos horas un celador debía vigilarlo en su celda.
Si bien el acusado contaba con una prisión preventiva, su abogado defensor Horacio Macías había presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Por ello, la prisión preventiva no se encontraba firme. Al respecto, a través de la Acordada 4258 de octubre de 2013 la Corte de Justicia de Catamarca dispuso que las personas detenidas con causas penales en las circunscripciones judiciales del interior una vez confirmada la prisión preventiva, sean trasladadas al Servicio Penitenciario Provincial.
Oportunamente, este diario intentó comunicarse con autoridades policiales tras lo acontecido. No obstante, no hubo respuesta hasta el momento.
En los últimos años, a nivel nacional se registraron varios suicidios en comisarías argentinas. En abril de 2023 el cuerpo de Sofía Fernández, una mujer trans de la localidad de Pilar, Buenos Aires, fue hallado sin vida dentro de un calabozo de la comisaría 5° de Presidente Derqui. Hacía tres días que la habían detenido ahí mismo sin notificación alguna. En septiembre del año pasado en Mendoza hubo otro caso. Natalí Cardozo fue hallada sin vida en un calabozo en la comisaría 61 de Beltrán.
En abril de 2020, cuando regía en todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Coronavirus, Sofía Tulco, una activista feminista, apareció muerta en la celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis. La Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes cambió la calificación de los hechos. En principio se investigaban delitos como "vejaciones, lesiones y mal desempeño de funcionarios públicos". Luego, se modificó la imputación por "torturas agravadas por el resultado muerte" y todos los imputados están procesados como coautores.