La pelea por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se originó en una falacia que el Gobierno nacional trata de disimular con cacareos federales: el punto y pico de los recursos de giro automático que reclaman los porteños fue transferido a la Provincia de Buenos Aires con el propósito de proporcionarle al gobernador Axel Kicillof el dinero indispensable para neutralizar una revuelta policial. Por decreto, en septiembre de 2020.
El episodio marcó el inicio del sometimiento de Alberto Fernández a la lógica política del área metropolitana impuesta por su vicepresidenta, Cristina Kirchner. Como ahora en el litigio judicial trabado en la Suprema Corte, en aquel septiembre el alineamiento sumiso de los gobernadores a la Casa Rosada abonó la retórica federal propuesta por la Casa Rosada, si bien ninguno dejó de advertir que el destino de los fondos sableados señalaba la localización del poder real y la subordinación de la razón de Estado a la razón demográfica. En perspectiva, en ese momento comenzó a caer la “máscara de Alberto” diseñada por Cristina para las elecciones de 2019.
La obediencia se impuso, no obstante. La misma arbitrariedad que Alberto aplicaba para despojar a Horacio Rodríguez Larreta podía volverse contra otros distritos si las necesidades del cristinismo en el feudo bonaerense lo demandaban y, por otro lado, el respaldo a la mistificación federalista era un favor a cobrar en la ventanilla de los aportes discrecionales para obras públicas y otras yerbas, desequilibrios fiscales incluidos.
Así continuó afianzándose la farsa federal, que consiste a celebrar con altisonantes alharacas las contribuciones que el poder central condesciende a concederle a las provincias mientras se ignora el centralismo medular: el Conurbano que cerca el territorio hostil de CABA es prioridad a la que se sacrifica cualquier política tendiente a atenuar las asimetrías estructurales que condenan al interior.
Desmitificación cordobesa
La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, acaba de presentar un proyecto que desmitifica la prédica sustentada por el régimen metropolitano y sus favorecedores provincianos. Propone que la Nación transfiera las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Edenor y Edesur a las jurisdicciones de la CABA y la Provincia de Buenos Aires, o lo que es lo mismo: que el Tesoro nacional deje de financiar con fondos de todos los argentinos los servicios del área metropolitana, CABA incluida.
“El Estado Nacional financia las tarifas con fondos aportados por todas las provincias, a través de subsidios a dichos servicios públicos, evidenciándose a todas luces un trato injusto y desigual para con el resto de las provincias, que deben hacerlo con su propio presupuesto. Que esos servicios estén todavía en cabeza de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Este proyecto pretende que se restablezca el sistema federal y la equiparación del trato igualitario hacia todas las provincias. Con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios, inversiones, etcétera, con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hacen el resto de las provincias”, argumenta Vigo.
Vale decir: que Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof decidan cuánto de sus presupuestos destinan a subsidiar tarifas, como hacen el resto de los gobernadores, para evitarles a sus electorados tarifazos ruinosos.
“Queremos que a través de una ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos: el interior no puede seguir subsidiando al AMBA”, consigna Vigo. Una alteración conceptual de fondo respecto del federalismo trucho basado en los humores y estrategias políticas del eje metropolitano que administra la Argentina desde hace más de dos décadas, con el desastre económico y social resultante que está a la vista.
AySA está a cargo de la provisión del agua potable y desagües cloacales en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires y en CABA; Edesur y Edenor, del servicio energético. Sus déficits sin financiados por el Estado nacional, cosa que no ocurre, por poner un ejemplo, con las catamarqueñas EC SAPEM y Aguas de Catamarca.
La iniciativa de Vigo se suma a la presentada en el mismo sentido hace un mes por el diputado rionegrino Agustín Domingo.
Aysa fue creada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, para brindar el servicio de agua y saneamiento al área metropolitana. En 2011, Cristina transfirió a la provincia de Buenos Aires Edelap, prestadora de luz de la ciudad de La Plata, pero demoró la de Edenor y Edesur.
El pacto fiscal firmado por las provincias en 2017 y reformulado en 2018, bajo la administración Macri, contemplaba la transferencia de las empresas a las jurisdicciones de CABA y Buenos Aires, pero la operación nunca se puso en agenda.
Mucho menos ahora, que al área metropolitana entró en crisis política por el deterioro electoral del cristinismo gobernante en la Provincia y la inconsistencia del vicario Alberto.
Anteojos centralistas
En noviembre del año pasado, una polémica entre Cristina y Schiaretti reveló los anteojos centralistas del metropolitanismo.
Después de una tapa de La Voz del Interior que consignó que los cordobeses pagaban por la energía hasta un 70% más que los porteños, la Vicepresidenta tuiteó: "La diferencia tarifaria entre Edenor/Edesur y EPEC (Córdoba), corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas".
Obvio: es el Gobierno de Córdoba, y no el Estado nacional, el que debe financiar eventuales desequilibrios de EPEC. La generosidad en la metrópoli es gratuita, porque los desequilibrios los paga la Nación, con plata que bien podría prorratearse a las provincias.
“Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas –le respondió Schiaretti-. Y lo que la vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA. No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el AMBA, al que vende la energía (por CAMMESA). Vender y no cobrar significa subsidios, acá y en cualquier parte del mundo".
76 mil millones nada menos.
Acá en Catamarca, el Gobierno le bailotea a la vuelta al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por 29 mil millones. A pillar, porque no vaya a ser que se le descalabren de nuevo las cuentas a Kicillof y haya que manotear de algún lado para rescatarlo.
Los gobernadores son conscientes de esta posibilidad y se agrupan para tratar de robustecer un eje de poder que cubra el vacío abierto por un colapso en el área metropolitana para el que Fernández y Cristina no encuentran respuesta más adecuada que molestarse mutuamente, con más insidia desde el acuerdo con el Fondo.
En un escenario degradado económica y socialmente, comienza a cobrar fuerza la idea de desacoplar las elecciones provinciales de las nacionales, para no quedar a expensas de la pareja tóxica. Como hicieron la mayoría de los caciques en 2019. Poder fragmentado es impotencia. El fracaso de la “máscara de Alberto” parece ilevantable.
Tanto nadar para morir en la orilla.
