La Corte y el Poder Ejecutivo avanzan con juicios por jurados
Los ministros se reunieron con el asesor general de Gobierno para coordinar acciones.
A finales de octubre, la Cámara de Senadores aprobó la Ley Provincial 5719 de Juicios por Jurados. A fin de avanzar en su implementación, ayer en el Salón San Martín de la Corte de Justicia el presidente Miguel Figueroa Vicario, junto con el ministro Luis Cippitelli y las ministras Vilma Molina, Fabiana Gómez y Fernanda Rosales Andreotti se reunieron con el asesor general de Gobierno Fernando Ávila. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, en este contexto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial se abordaron cuestiones operativas en relación con la implementación de la Ley de Juicios por Jurados en Catamarca. De esta manera, ambos Poderes coordinan acciones en el marco de este proceso. Al respecto, se indicó que hay detalles operativos y concretos a trabajar, entre éstos: la capacitación a los mecanismos de sorteos y las oficinas correspondientes.
A la vez, se advirtió que la implementación de los juicios por jurados requiere una actividad coordinada de los Poderes del Estado para que funcione esta Ley de manera eficiente y su implementación sea inmediata. También se destacó que esta normativa establece la participación de la ciudadanía dentro del esquema judicial. Por ello, se deben readecuar cuestiones organizativas, preparar equipo, recurso humano y mecanismos de trabajo. De esta manera, se avanza hacia mecanismos más modernos y democráticos de administración del servicio de justicia.
El juicio por jurados está contemplado en la Constitución Nacional como una garantía de los habitantes y como una obligación para administrar justicia desde 1853, en los artículos 24, 75 y 118. Es básicamente una forma de juzgamiento en el que un grupo de vecinos decide sobre dos cuestiones, si el hecho realmente existió y si el acusado o acusada es culpable.
En Catamarca, la propuesta fue impulsada a finales de junio de este año por el gobernador Raúl Jalil. En la elaboración del proyecto intervinieron la Asesoría General de Gobierno junto con la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Asociación Pensamiento Penal (APP) y el diputado provincial Augusto Barros.
“Somos la primera provincia del NOA en avanzar con esta modalidad en la búsqueda de acercar el servicio de justicia a cada catamarqueño”. Así damos un paso histórico para cumplir con un mandato constitucional. Agradecemos el respaldo de las principales organizaciones civiles no gubernamentales, como la AAJJ, el INECIP y la APP para llevar adelante este proyecto”, había manifestado el primer mandatario provincial a través de las redes sociales en junio.
