La Corte de Justicia local rechazó la recusación formulada por el fiscal andalgalense, Martín Camps, contra la jueza de Control de Garantías Karina Naame, en la causa que investiga la muerte de un trabajador sanitarista en la ciudad de Andalgalá, que tiene como imputados a cinco hombres, entre ellos el intendente Eduardo Córdoba.
Al momento de recusar a la magistrada, Camps recordó que el defensor de Córdoba, el abogado Rodolfo Cecenarro, fue superior directo de Naame cuando éste ejercía el cargo de juez de Control de Garantías en Andalgalá y que esta circunstancia sería “causal de apartamiento prevista doctrinaria y jurisprudencialmente como violencia moral”.
En este contexto, indicó que el artículo 62 del Código Procesal Penal establece que “deberá inhibirse de conocer en la causa (…) si tiene una amistad íntima o enemistad manifiesta con algunos de los interesados”.
Por su parte, la jueza rechazó el pedido de apartamiento al que consideró "inadmisible" y negó "terminantemente tener algún sentimiento para con el defensor del imputado en la causa que la determine a resolver de determinada manera".
En su parte resolutiva, los miembros de la Corte rechazaron el planteo y recordaron que el intendente Eduardo Córdoba, Ramón Antonio Brizuela, Luis Rodríguez, Roberto José Ferril y Pedro Alvares están imputados por supuesto "homicidio culposo en grado de coautores".
El pedido de apartamiento efectuado por Camps fue realizado luego de que la jueza anulara el decreto de determinación del hecho y todo lo posteriormente realizado por esa fiscalía.
Con esa resolución, la jueza también anuló la imputación para todos los implicados disponiendo que la investigación vuelva a foja cero. n