En marzo del año pasado, el Juzgado Correccional de Primera Nominación condenó a Walter Daniel Lazarte a la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva y de cumplimiento inmediato. El juez Marcelo Forner lo halló culpable en los delitos de “amenazas simples” y “desobediencia a la autoridad” -cinco hechos en total-. Lazarte no tenía antecedentes computables, pero al comprobarse en debate el riesgo que representaba para la víctima, se ordenó la inmediata detención tras la lectura del veredicto.
El acusado, a través de la defensa pública, casó el falló. Recientemente, la Corte de Justicia de Catamarca confirmó la condena que pesa sobre Lazarte.
El fallo fue elaborado por el presidente Miguel Figueroa Vicario y acompañado por los ministros Hernán Martel, Fabiana Gómez, Luis Cippitelli, José Cáceres, Vilma Molina y Fernanda Rosales Andreotti. Se indicó que, con relación a las amenazas telefónicas descritas, el recurso señala que no quedó acreditado mediante la correspondiente prueba informativa que fueran efectuadas desde el teléfono de propiedad del imputado Lazarte. No obstante, se aclaró que aunque cierto es que esa prueba podría haber indicado si el imputado Lazarte es o era el titular de la línea emisora de los mensajes amenazantes, “lo relevante en el caso no es la propiedad del aparato telefónico utilizado ni de la titularidad de la línea involucrada”.
Para los ministros, la cuestión es la existencia misma de las amenazas efectuadas mediante un teléfono celular y la autoría de ellas. La sentencia fue decidida con base en la visualización del teléfono celular de la damnificada, que acredita que las amenazas fueron proferidas desde el contacto identificado como ‘Daniel” y en los dichos de ella, que declaró bajo juramento que ese número es el de su expareja, Walter Daniel Lazarte.
“El Tribunal juzgó creíbles los dichos de la damnificada y, por consiguiente, que las amenazas fueron proferidas por el imputado Lazarte. Ningún dato de la causa justifica dudar de la fiabilidad de su versión, cuyo relato se caracteriza por su firmeza, coherencia, invariabilidad y verosimilitud. El recurso no demuestra lo contrario”, se remarcó.
Para los ministros, la sinceridad de la damnificada no ha sido desvirtuada en el juicio ni lo es en el recurso. “Dada la coherencia y no contradicción de sus declaraciones, su relato aparece fidedigno, absolutamente creíble", indicaron.
En este contexto, los hechos que motivaron la intervención del Juzgado de Familia son las amenazas en contra de la damnificada, proferidas por parte de acusado, violando la prohibición de acercamiento a su domicilio. “Al tiempo que incumplía la cuestionada prohibición de acercamiento impuesta por el Juzgado de Familia. El imputado Lazarte ciertamente también violaba la orden dispuesta en el mismo sentido por la Fiscalía de Instrucción interviniente”, se precisó.