13 de febrero de 2022 - 00:25
La secuencia de los acontecimientos que siguieron al ataque femicida del sargento Diego Ortega contra su expareja, Cinthia Eleonora Aranda, y su hijastra, Luz Ariana Ortega, confirma la vigencia de una mecánica institucional y social funesta: se requiere de muertes lo suficientemente dramáticas para que las deficiencias del sistema sean abordadas con alguna seriedad. Lamentablemente, esto no garantiza que vayan a resolverse. Sobradas experiencias hay de aflicciones del funcionariato que cesaron una vez calmadas las conmociones que las habían provocado.
Cinthia finalmente murió el viernes a la madrugada, tras agonizar una semana. El precedente más inmediato de un hecho similar fue en diciembre de 2019. El oficial inspector Walter Mariano Tula disparó y ultimó a su pareja, la oficial subinspectora Silvana Antonella Aybar, y luego se suicidó, también de un disparo, en un departamento que ambos compartían en la zona oeste de la ciudad.
El homicidio, perpetrado con el arma reglamentaria de la víctima, se inscribía en un conjunto de incidentes que venían dando cuenta de severos desequilibrios emocionales en miembros de la Policía. No se trataba de los clásicos apremios y abusos, que tampoco producían movimientos importantes tendientes a restringirlos, sino de episodios de la vida personal de los efectivos.
Se intentaba justificarlos con la excusa de que los policías son seres humanos, vulnerables como cualquier cristiano a las tensiones de la época, subestimando el elemento central: los policías tienen poder y armas, de modo que el alcance de sus reacciones es potencialmente mucho más peligroso que el de un civil.
Sin embargo, recién con el ataque a Cinthia el área de Seguridad decidió reponer la obligatoriedad de los exámenes psicológicos para definir los ascensos en la fuerza.
El requisito, se supo debido a lo urgidas que estaban las autoridades por contener la indignación y los reclamos sociales, se había eliminado en 2012, año del asesinato de Diego Pachao, el joven que murió tras ser sacado agonizante de la Comisaría Séptima.
Es decir: durante diez años, la cadena de mandos de la Policía de la Provincia se configuró sin considerar las condiciones psicológicas y psiquiátricas de los cuadros ascendidos. En ese lapso, reiterados incidentes de violencia con el pico del asesinato de una policía a manos de su pareja, también policía, que no tuvo derivaciones judiciales porque el asesino se suicidó.
Hizo falta que Diego Ortega atacara a su expareja para que se considerara la conveniencia de monitorear el equilibrio emocional de los encargados de proteger la integridad física y patrimonial de la sociedad.
El hecho
El ataque que terminó con la vida de Cinthia se produjo la madrugada del 5 de febrero en la localidad pomanista de Saujil.
El hijo de Cinthia le advirtió que Ortega, que prestaba servicios en la subcomisaría de Colpes, se dirigía a su domicilio armado y exaltado. Ella llamó por teléfono a la Comisaría de Saujil, pero los policías llegaron cuando Ortega ya había efectuado cuatro tiros.
Aranda recibió disparos en el rostro y los brazos. Su hija fue herida en el abdomen y está fuera de peligro.
Ortega fue reducido y arrestado de inmediato en la misma escena del crimen, pero el trato deferente que sus colegas le dieron desató incidentes frente a la Comisaría de Saujil. Familiares y amigos de las víctimas reaccionaron cuando empezaron a circular imágenes en las que se lo veía tomando mate en el patio de la dependencia junto a otros policías.
El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el jefe de Policía de la Provincia, Ángel Agüero, salieron al cruce del escándalo. Esa misma tarde anunciaron la remoción y el pase a disponibilidad del personal de Saujil por la actitud “corporativista” que habían asumido y la restitución de los exámenes psicológicos obligatorios para los ascensos al grado inmediato superior en todas las jerarquías.
En la mira
La calidad de la formación policial y los dispositivos que implementa la fuerza para incorporar cuadros y definir los ascensos había quedado nuevamente en el centro del debate público a fines del año pasado, cuando el suboficial Julián Suárez fue arrestado en Belén por ultrajar a una adolescente de 13 años. Posteriormente se conocieron otros abusos en los que habría incurrido. Le endilgan abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada.
Si bien era numerario de la Policía de la Provincia, Suárez se desempeñaba como adscripto en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente desde febrero de 2020. En 2019, como candidato del Frente de Todos, había perdido las elecciones por la intendencia de la localidad belicha de Villa Vil a manos del intendente Ramón Villagra.
Las denuncias y causas por brutalidad policial y los incidentes violentos protagonizados por policías en la esfera de su vida privada son una constante.
Los últimos recambios en la cúpula del área de Seguridad y la Policía se produjeron en septiembre del año pasado, debido precisamente al malestar por los abusos policiales cometidos en el contexto de la pandemia.
Al asumir la Jefatura de la fuerza, inmediatamente después de que Gustavo Aguirre lo hiciera como ministro de Seguridad, Ángel Agüero estimó que era necesario reformar la “doctrina policial que se arrastra desde hace varios años”.
A su criterio, había “malas prácticas instauradas en la Policía” y resultaba indispensable “reforzar la parte de la capacitación y el control de las prácticas en las comisarías”.
“En las escuelas (de policía) no se enseña nada malo, sino que a veces el policía sale y se encuentra en la comisaría en donde hay prácticas instauradas que son malas”, dijo.
La necesidad de someter a los miembros de la Policía a exámenes psicológicos obligatorios y sistemáticos, sin embargo, recién se consideró después del ataque de Ortega.
Un déficit que nadie advirtió hasta que el crimen vino a sacudir la conciencia pública.
Las omisiones fueron construyendo las condiciones para la tragedia.
Cajones
En diciembre de 2019, un policía asesinó a su pareja, también policía, y luego se suicidó. El crimen se perpetró con el arma reglamentaria de la víctima.
