El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la desmesurada deuda que legó Mauricio Macri oxigena al presidente Alberto Fernández para las disputas políticas que libra en los frentes externo e interno, al mismo tiempo que le plantea un desafío que, de superarlo, lo colocaría en el podio de los estadistas argentinos: cortar el eslabonamiento de endeudamientos y quiebras que signa la historia nacional desde que inició la relación con el organismo.
Independientemente de la opinión que se sostenga sobre las responsabilidades por la encrucijada en que quedó el país tras la extraordinaria deuda tomada por la administración Macri, es preciso consignar que el FMI es un prestamista de última instancia, al que los países en la cornisa de la cesación de pagos recurren cuando se les han clausurado otras posibilidades de financiamiento. Es lo que agobia a Fernández, debido a los compromisos que el Tesoro debe asumir no solo con el denostado FMI, sino también con bonistas, beneficiarios de subsidios a los servicios, sistema de seguridad social que aparte de jubilados debe atender la demanda de una pobreza por encima del 40%, salarios de una administración pública elefantiásica y fuga hacia el dólar.
Apelar a la sensibilidad de los prestamistas es de una candidez incompatible con la función presidencial si no se cuenta con una fuente alternativa de recursos dispuesta a fondear el déficit, mucho más si se considera la extrema debilidad que la Argentina supo construir en al menos cinco décadas de sostenida descapitalización e hipotecación de sus potenciales riquezas.
Las perspectivas ideológicas son ejercicio de voluntarismo rayano en lo grotesco ante lo dramático del panorama.
El problema argentino es su crónica reincidencia en el déficit insostenible, no el mefistofélico carácter del FMI u otros acreedores.
El litigio político interno acerca de las responsabilidades y los eventuales delitos que se hayan cometido en el derrotero del fracaso es asunto que concierne exclusivamente a los argentinos. En el exterior, al que se recurre con la escupidera, al borde del colapso, importa poco: se paga o se afrontan las consecuencias.
Fernández eligió.
Relación tóxica
El vínculo de la Argentina con el FMI lleva 65 tóxicos años, desde que lo inició el dictador Pedro Eugenio Aramburu tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Las crisis cíclicas que devuelven al país a la miseria convirtió al organismo multilateral en un enemigo entrañable, siempre a mano para responsabilizarlo de las frustraciones. Su rol jugó sin dudas en la construcción del mediocre destino nacional, pero asignarle todas las culpas es como mínimo un error de apreciación.
Al presidente Fernández le tocó rogar condiciones especiales para reestructurar la deuda tomada por su antecesor, quien llegó a asegurar, ya liberado de la carga de gobernar, que si ganaba las elecciones en 2019 resolvía la cuestión “en cinco minutos”.
Ucronías, apreciaciones tan incomprobables como lo incierto del futuro inmediato de un sistema político signado por la inconsistencia.
Tal incertidumbre fue el principal y acaso único obstáculo que se alzó ante las dilatadas tratativas, pues el FMI exigía un programa económico que el Gobierno no estaba en condiciones de elaborar por falta de consenso.
La encerrona
Si el FMI otorgó a la administración Macri el crédito más alto de su historia -55 mil millones de dólares, de los cuales desembolsó 44 mil millones-, no es menos cierta su disposición a acordar nuevas condiciones de pago ya con Fernández en el poder, voluntad que se tradujo en un respaldo nítido para cerrar la negociación de la deuda con los acreedores privados.
A comienzos de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner canceló en forma anticipada y en un solo pago la deuda de casi 10 mil millones de dólares que Argentina mantenía con el Fondo. Fue una decisión muy celebrada en su momento por lo que implicaba en términos de autonomía financiera, ya que permitía evitar los condicionamientos que el acreedor impone a las políticas fiscales y monetarias de los países deudores.
Sin embargo, el gasto público se expandió posteriormente de tal modo que a los dos años, cuando Cristina era presidenta, el Estado comenzó a financiarse con el sistema de seguridad social, luego de liquidar las AFJP y reconcentrar todos los fondos en la ANSES.
Es sintomático que esta disposición se tomara después de fracasar en el intento de subir las retenciones a los agroexportadores. El país comenzaba a sentir de nuevo el rigor de la falta de financiamiento.
Al margen de la asistencia a la pobreza y la incorporación de gente al sistema de seguridad social, el Estado sostuvo desde entonces una política de subsidios que incluían a los segmentos de altos ingresos, con medidas como el congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y agua o el costo de los pasajes aéreos, que se extendieron por más de una década. El gasto en subsidios económicos pasó del 0,8% del PIB en 2006 a más del 4% en 2015.
Es lo que estalló en 2018, al margen de la “fuga” al dólar en la que incurrió incluso la propia Cristina Kirchner, según confiesa en su obra “Sinceramente”, que no solo se debió a conspiraciones del capital concentrado sino a la inversión de millones que no tienen otra forma de ahorrar. Nadie, salvo el FMI, estaba dispuesto a prestarle al país.
Habrá sido intención del organismo, tal vez, contribuir a la reelección de Macri, pero la Argentina estaba en una encerrona, regalada, porque carecía de crédito externo de cualquier modo.
Fernández consiguió sortear el default que le auguraban sus detractores. Es una victoria significativa si se consideran los obstáculos que le interpusieron sus propios aliados, pero coyuntural. Resta ver si con el margen que le da el acuerdo es capaz de reempinar el estragado escenario económico y social, domesticar la inflación, reducir la brecha cambiaria, o retorna a la coartada del Fondo.