sábado 21 de mayo de 2022

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Cara y Cruz

La cincha

El Gobierno nacional empezó a ejecutar un ajuste presupuestario de 225.000 millones...

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18 de enero de 2022 - 02:15

El Gobierno nacional empezó a ejecutar un ajuste presupuestario de 225.000 millones de pesos, debido a la fuerte caída en los ingresos que avizora para este año.

La poda surge de la Decisión Administrativa 4, que dictó la semana pasada para prorrogar el Presupuesto 2021 y envió a la Oficina de Presupuesto del Congreso, tras el rechazo de la oposición, en diciembre, al proyecto propuesto para 2022 en la Cámara de Diputados. Los recortes más fuertes son en las áreas de Energía, Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La merma de ingresos sería de 627.000 millones de pesos, debido a que ya no entrarán el impuesto a la riqueza y los Derechos Especiales de Giro que recibió del Fondo Monetario Internacional.

Son proyecciones. Lo más probable es que la Casa Rosada readecue las partidas a medida que aumente la recaudación, conforme al singular ecosistema argentino, por la inflación menos que por la producción. Esto es: las partidas aumentan nominalmente, pero son licuadas por el efecto inflacionario, que en 2021 llegó al 50%, casi 22 puntos por encima de la que había previsto el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En cualquier caso, el volumen del recorte marca el deterioro de la situación económica nacional y la importancia que tuvieron para que no colapse el año pasado los Derechos Especiales de Giro del FMI, que totalizaron 422 mil millones de pesos para la Argentina, de acuerdo a su cuota de participación en el organismo.

Es un indicador también de la urgencia de llegar a un acuerdo con el Fondo por la deuda para diferir vencimientos y reinsertar al país en el mercado de créditos internacional.

A las dificultades de la gestión de Alberto Fernández para mostrar un grado de consenso político interno importante, debido tanto a los tiroteos con la oposición y como a las resistencias de corte ideológico que las tratativas generan en el seno mismo del Frente de Todos, se sumó el exotismo diplomático.

A través de su embajador en Nicaragua, Daniel Capitanich, hermano de Jorge, el gobernador de Chaco, el país compartió escenario en la quinta asunción presidencial de Daniel Ortega, tras elecciones controvertidas, no solo con estadistas incómodos por los regímenes que acaudillan, como el venezolano Nicolás Maduro, sino también con Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, acusado por el atentado a la AMIA en 1994. Sobre quien pesa una alerta roja internacional. El gobierno nicaragüense ignoró un pedido de la Argentina para que Rezai fuera detenido.

La coincidencia del embajador con el representante del gobierno iraní fue repudiada por miembros del propio oficialismo, como el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, para quien “la presencia de Rezai es una burla del Gobierno de Nicaragua a los muertos de la AMIA”.

Con estas credenciales, el Gobierno nacional trata de destrabar las negociaciones con el FMI cuando ya ha ingresado en un período de fuertes desembolsos por compromisos de deuda, con vencimientos por casi 4.000 millones de dólares para el primer trimestre del año.

El canciller Santiago Cafiero tiene prevista para hoy una reunión con su par norteamericano Antony Blinken y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, cuyo respaldo es indispensable porque es el principal accionista del Fondo.

Habrá que ver cómo le va allá, la reunión de la oposición con el ministro Guzmán finalmente fracasó.

Por lo pronto, la poda en la reconducción del presupuesto anticipa el rigor que podría alcanzar la cincha.

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