Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre se registraron una serie de conflictos vinculados a la crisis de financiamiento que afecta al PAMI, que amenaza con convertirse en una bomba a punto de explotar. En Concordia, Entre Ríos, 15.000 afiliados quedaron sin cobertura privada tras la ruptura definitiva del convenio con el principal sanatorio de esa ciudad. En la Patagonia, 300.000 jubilados sufrieron un paro de 24 horas que cortó la atención programada. En el AMBA, el conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza y San Juan, sanatorios y clínicas privadas resolvieron, en bloque, suspender turnos, cirugías y prácticas diagnósticas durante 48 horas. Los centros de diálisis de todo el país advirtieron sobre el riesgo cierto de discontinuidad de tratamientos vitales. El denominador común es el mismo en cada provincia: un desfase entre la inflación y los aranceles que PAMI paga a sus prestadores.
Catamarca no fue ajena a este cuadro, aunque el conflicto local adoptó una forma menos espectacular y más silenciosa. El Colegio de Farmacéuticos viene señalando las dificultades para reponer stock de medicamentos con cobertura total, producto de atrasos en las liquidaciones que obligan a los jubilados a recorrer varios establecimientos o directamente afrontar pagos de bolsillo. Los médicos de cabecera y especialistas sostienen que honorarios y cápitas están desfasados frente a los costos operativos, lo que ya se traduce en demoras prolongadas para conseguir turnos. Las clínicas y sanatorios reclaman actualizaciones urgentes en el costo por módulo de internación y en la provisión de insumos de alta complejidad como prótesis y marcapasos.
El PAMI padece una diferencia estructural entre los recursos que recibe y el costo creciente de atender a una población de adultos mayores cada vez más numerosa, longeva y demandante. La informalidad laboral y el deterioro del empleo registrado han achicado la masa contributiva, mientras el envejecimiento poblacional y la mayor expectativa de vida multiplican la demanda de medicamentos, internaciones, tratamientos oncológicos y cirugías de alta complejidad.
El equilibrio fiscal no puede construirse a costa de la salud de casi seis millones de jubilados, ni trasladando el ajuste a quienes menos margen tienen para absorberlo. El equilibrio fiscal no puede construirse a costa de la salud de casi seis millones de jubilados, ni trasladando el ajuste a quienes menos margen tienen para absorberlo.
A esa fragilidad estructural se suma la política del gobierno nacional que se vuelve determinante. Cuando el Tesoro decide contener las transferencias para sostener el superávit fiscal, PAMI se ve forzado a ajustar prestaciones, postergar pagos a prestadores o acumular deuda. A esto se agrega un factor tributario que merece ser señalado con precisión: el Impuesto Pais, vigente entre 2019 y el 23 de diciembre de 2024, no era un tributo afectado exclusivamente al financiamiento de PAMI, pero sí contribuía, junto con otros recursos, a sostener el gasto público en seguridad social. El Presupuesto Nacional 2025 ya computa recaudación cero por ese concepto, mientras que las obligaciones sanitarias que ese dinero contribuía a sostener no desaparecieron con él.
La propia ley que regula al organismo establece el carácter intangible de los recursos destinados a sus prestaciones: una definición que el gobierno nacional debería tomar como mandato y no como obstáculo.
