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Cara y Cruz

La batalla final

Caído Martín Guzmán, el cristinismo recrudece la presión para sacar por decreto el salario básico universal...

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6 de julio de 2022 - 00:20

Caído Martín Guzmán, el cristinismo recrudece la presión para sacar por decreto el salario básico universal, instrumento que considera clave para desarmar a las organizaciones sociales renuentes a enfilarse con la Vicepresidenta. Es la próxima posición a tomar para reducir definitivamente al presidente Alberto Fernández a un rol ornamental, salvo para abonar los costos del fracaso económico.

El derrotero que sigue la Vicepresidenta es cada vez más nítido. Responsabilizar pura y exclusivamente a su delegado por el derrumbe, ella salir lo más indemne posible.

Por eso insiste con que el déficit fiscal no causa inflación y que la devaluación del peso obedece más que nada a maniobras especulativas o defraudatorias de los enemigos de la Patria, mientras desautoriza cualquier alternativa tendiente a restringir el gasto.

Es notable cómo Fernández se inmola por no hacer lo que le recomiendan tirios y troyanos de la interna oficialista: usar la lapicera, acierto poético de la Vice.

Guzmán renunció al Ministerio de Economía harto de solicitarle que lo haga para desplazar al cristinismo del área de Energía y aceitar una política de subsidios razonable, tendiente a mermar la sangría permanente de recursos agravada ahora a raíz de la guerra, por los costos estratosféricos alcanzados por el gas que la Argentina debe importar.

El párrafo más significativo de la dimisión dice: "Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante".

“Manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica”. Es lo que el sumiso Fernández, no Cristina, se negó a darle al sostener el dominio cristinista en el área. Y es lo que necesitará su sucesora, Silvina Batakis, si no quiere perecer en la reyerta, salvo que la tregua transitoria pase precisamente por dejar nomás que el gasto se desmadre para evitar que un ajuste de tarifas afecte el humor electoral en el área metropolitana.

Batakis aseguró que avanzará con la segmentación de los subsidios a las tarifas y un aumento para los sectores de mayores ingresos y que cuenta para esto con el respaldo del presidente Fernández, cosa que a esta altura parece más conveniente no revelar: es como estar en capilla.

El costo fiscal de implementar el salario básico universal tampoco debería ser un obstáculo, ya que según Cristina el déficit no provoca inflación. No debería haber problemas en instituirlo a puro voluntarismo y, de paso, acabar con la tercerización de la asistencia social a detestables organizaciones sociales como el Movimiento Evita que capitanean los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, o Somos Barrios de Pie. Que esto suponga sustraerle esa herramienta clientelar a quienes pretenden competirle electoralmente en su feudo del conurbano es pura casualidad.

Financiar la idea demandaría más 825 mil millones de pesos al año, el 1,8% del PBI, para cubrir 13,9 millones de beneficiarios.

Es improbable que pase por la Cámara de Diputados, por lo que el cristinismo promueve que Fernández use la lapicera y recurra al decreto. Cristina lo conminó en la cena que mantuvieron en Olivos tras la crisis de la salida de Guzmán.

O sea que, al margen de cuál sea el destino de los funcionarios del Movimiento Evita, Batakis ya enfrenta el problema de satisfacer las necesidades financieras del salario básico universal, como si fuera poco el desafío de las tarifas energéticas y un asunto que, entre tanto fuego cruzado, no se aborda: la quiebra del sistema de seguridad social con el que se pagan jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

La batalla final oficialista se desarrolla en concomitancia con el rechazo de la Corte a que no se realice el juicio oral y público contra la Vicepresidenta por corrupción en la obra pública.

Otra casualidad.

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