La República Argentina continúa cumpliendo con el proceso de discovery ordenado por la jueza de Nueva York Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de YPF, informó la Procuración del Tesoro de la Nación. El cumplimiento de esta etapa procesal demandó casi dos años de trabajo e implicó la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales. Todo ello se realizó en el marco del compromiso del Estado argentino de actuar conforme a derecho y respetar las decisiones judiciales.
En relación con la orden vinculada a dispositivos y cuentas personales de funcionarios, la decisión de Preska fue apelada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. A pesar de eso, desde la Procuración aclararon que se avanzó en el cumplimiento dentro de las posibilidades legales y con estricto respeto de los límites constitucionales.
Las personas alcanzadas optaron por cooperar o por abstenerse de aportar comunicaciones personales, amparándose en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia.
Fuentes oficiales informaron que "a partir del 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato contra la República Argentina". Aclararon que "ninguna solicitud de ese tipo tiene efectos jurídicos reales hasta tanto el país pueda ejercer su defensa".
La insistencia de Burford Capital en este tipo de planteos no parece orientada a la ejecución de una sentencia que se encuentra apelada, sino a someter a Argentina a pedidos intrusivos con el objetivo de generar presión política y mediática, indicaron desde la Procuración.
Esta conducta se enmarca en el intento de "poner arena en los engranajes" del proceso de normalización del país. A ello se suma el deterioro de la cotización de Burford Capital tras la audiencia de apelación en octubre, circunstancia que podría haber intensificado las presiones de sus inversores.
Desde la Procuración adelantaron que se informará sobre las presentaciones de los demandantes y los argumentos de la defensa argentina. Conforme al cronograma acordado, la presentación de escritos se extenderá hasta marzo, por lo que no se prevé ninguna decisión judicial antes de esa fecha.
