Planteo. Walther presentó su versión de los hechos en sede judicial y aceleró el procedimiento ordinario.
Independientemente de las intenciones que haya tenido el fiscal Ezequiel Walther al resguardar en su camioneta dos cajas de herramientas que a su criterio estaban en posición demasiado tentadora para que las robaran, las repercusiones del incidente impactan en el prestigio de un Poder Judicial en el que desde hace un lustro los episodios escandalosos parecen acelerados.
Walther no parece dispuesto a renunciar sin dar pelea, pero la Corte de Justicia preferiría que, como ocurrió en el caso de la videodenuncia por coimas contra los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, la dimisión le permitiera eludir el jury. Es un anhelo que comparte la mayoría de la familia judicial, escaldada todavía por la cruda exposición de sus miserias durante el proceso que terminó con la destitución como fiscal de Roberto Mazzucco en 2017.
Walther, ahora en la picota, jugó en aquel entonces un rol protagónico para la destitución, al acusar a Mazzucco de haber armado una causa por estafa “paralela” a la que él estaba instruyendo.
Rencores de aquella pelea fratricida podrían emerger con toda la furia en este nuevo episodio, con riesgo de salpicones inconvenientes para todo el foro con el añadido potencialmente polémico de los vínculos políticos de la familia del fiscal comprometido. Walther es hijo de Catalina Krapp, controvertida secretaria de Turismo en las gestiones de Eduardo Brizuela del Moral y, miembro de un clan tradicionalmente ligado al Frente Cívico y Social, con anclaje territorial en Ambato.
Otra sombra de proyecciones inquietantes es la de la “guerra de los bufetes”, en la que el excamarista Morales enmarcó la videodenuncia anónima por coimas que indujo su dimisión. Él y Da Prá, integrantes de la única Cámara de Apelaciones penal de la Provincia, fueron registrados mientras supuestamente recibían un soborno a cambio de otorgar beneficios procesales a un encartado.
El escándalo fue en 2020 y ambos involucrados renunciaron para no tener que atravesar el bochorno del jury, pero un año después hubo réplicas en el Juzgado Federal. En una causa por narcotráfico, el abogado Pedro Vélez pidió el apartamiento del juez federal Miguel Contreras, a quien endilgó haber realizado una lectura sesgada de las pruebas para beneficiar a Morales. A esta arremetida se sumaron los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz. La Cámara Federal de Tucumán no apartó a Contreras, pero le ordenó revisar los argumentos de la falta de mérito que había dictado a favor de Morales por considerar que, en efecto, había hecho un análisis defectuoso de los elementos probatorios.
Entre estos picos de podredumbre emergente hubo dos jurys.
Uno, en 2018, se abrió contra Marcelo González, fiscal de Santa María al que se acusó de haber manipulado una causa por un accidente de tránsito que lo tenía a él mismo como protagonista.
El otro fue en 2021 y terminó con la destitución como fiscal de Belén, de Jorge Alberto Flores, quien en plena pandemia había autorizado el tránsito de camiones contratados por las empresas mineras que eran propiedad de su esposa.
Mazzuco, González, la dupla Da Prá-Morales, Flores. El de Walther es el quinto misil institucional que la Justicia catamarqueña recibe en cinco años. Es una frecuencia intensa, que repercute en el deterioro de la imagen judicial, de por sí alicaída.
La Corte se mueve con prudencia. Walther no esperó a ser convocado para presentar su versión de los hechos en sede penal y apuró la vía procesal ordinaria.
El tribunal del jury, que es un órgano político, se reuniría hoy, pero ayer ingresó a la Secretaría de Sumarios un pedido para que se active el proceso del arquitecto Fernando Rivera, quien ya había hecho un planteo por el auspicio de Edgar Bacchiani al equipo de fútbol del Colegio de Abogados, en el que había varios fiscales.
Todavía está en veremos.n
