viernes 29 de marzo de 2024
Balacera en las mil viviendas

Juez federal advirtió a la Policía sobre errores en la interpretación del "habeas corpus"

Jefes de la comisaría Sexta fueron recibidos por el juez Contreras y negaron irregularidades en aplicación de la medida a la familia Aragón.

Los jefes de la comisaría Sexta, con dependencias ubicadas en el barrio Mil Viviendas, fueron recibidos ayer por el juez federal Miguel Ángel Contreras y defendieron su labor al asegurar que en ningún momento se interpretó erróneamente el habeas corpus dispuesto por el letrado a la familia de Ariel Aragón (18), único detenido por el crimen de Gonzalo Moreno (25).

A la reunión asistieron el jefe y subjefe de esa dependencia policial y según se informó, la conversación fue cordial. Se habló de la problemática actual de la jurisdicción pero el tema principal fue la aplicación de un habeas corpus, recurso que permite una rápida solución judicial cuando la libertad física de una persona se ve amenazada, atacada o restringida de forma ilegítima por una autoridad pública.

La medida había sido dispuesta por Contreras a pedido de la familia Aragón a principio de año, por supuesto hostigamiento de personal de Drogas Peligrosas y de esa Comisaría. El habeas corpus fue ordenado para los delitos en los que interviene la Justicia Federal, como ser narcotráfico. Tras el crimen se conoció la existencia de esta orden y quedó expuesto el conflicto con la fuerza de seguridad provincial, la disputa entre bandas en las Mil Viviendas y el profundo malestar de vecinos por constantes inconvenientes ocasionados por las grescas que derivaron en el asesinato de Moreno, con un tiro en la cabeza.

Antes del crimen hubo denuncias de vecinos contra los Aragón. Luego del asesinato se sumaron más acusaciones por amenazas de muerte y agresiones.

Presuntamente al establecerse el habeas corpus, la Policía habría dejado de intervenir en los incidentes relacionados con esa familia, lo que fue negado por los jefes de la comisaría Sexta en diálogo con Contreras. Los jerarcas informaron que en ningún momento se refugiaron en una posible prohibición de actuar dada por la Justicia Federal.

Pedradas y amenazas

El tiroteo donde resultó herido Moreno ocurrió el domingo 28 de agosto. Desde entonces se multiplicaron las denuncias y reclamos de vecinos por amenazas, agresiones y daños por pedradas en sus domicilios.

Las familias denunciantes en diálogo con este diario admitieron tener integrantes relacionados con el hecho fatal. Una de ellas aseguró que por la virulencia de las agresiones y amenazas de muerte decidieron dejar de enviar a clases a un niño. n

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