Aparte de corroborar irritantes asimetrías, los datos volcados por 142 dependencias de la administración pública nacional en la Base Integrada de Empleo Público marcan cómo los voluminosos salarios de numerosos enclaves de la administración pública se establecen sin tomar en consideración ningún parámetro económico lógico.
Esta carencia de racionalidad convierte a las escalas salariales de la administración pública en un dispositivo más de la desigualdad social, al mismo tiempo que contradice las manoseadas narrativas relacionadas con el fomento a la generación de empleo en el sector privado, donde las remuneraciones no pueden desvincularse de la rentabilidad de las actividades.
Del relevamiento surge que hay 15 dependencias que pagan a sus 74.000 empleados salarios brutos -promedio ponderado- superiores al millón de pesos.
Otras 36 dependencias pagan 127.000 salarios de entre 500.000 y 950.000 pesos por mes.
Finalmente, hay casi 300.000 empleados que cobran salarios de entre $ 500.000 y $ 170.000 pesos.
El salario registrado promedio de la actividad privada en abril, según el RIPTE (Remuneración Imponible para Trabajadores Estables) fue de $ 239.000.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ubica en el octavo lugar del ranking de salarios más altos, su caso es particularmente ilustrativo de las distorsiones, porque se financia con los aportes de patronales y trabajadores en actividad.
El destino teórico de estas contribuciones es solventar el pago de jubilaciones, pensiones y programas de asistencia social, pero resulta que el sueldo promedio de un agente de la ANSES es de $1.087.295, mientras que una jubilación mínima a gatas supera, con el bono, los $73.000.
Es decir que un sueldo promedio de la ANSES equivale a unas 15 jubilaciones mínimas, aunque podrían alegar los agentes de la repartición que así y todo no llegan a los más de $5 millones que cobra Cristina Kirchner.
El organismo tiene un convenio de trabajo de empresa, de modo que no se rige por la paritaria de la Administración Pública. Los sueldos van ajustándose por la inflación.
Mientras tanto, “un jubilado con la mínima perdió 6,7 jubilaciones de 2017, es decir $452.000 El Estado Nacional se ahorró el equivalente a 106 millones de jubilaciones mínimas”, según Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El promedio salarial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el segundo más alto, solo superado por Cancillería: $1.529.435
Es organismo recaudador, como ANSES y PAMI, y también tiene un convenio de trabajo particular, pero se beneficia además con una parte de la recaudación de impuestos, que en muchos casos representa un sueldo extra por mes.
De manera que la presión fiscal sobre los privados, monotributistas incluidos, se debe también a la necesidad de financiar estos significativos ingresos, con la particularidad del círculo vicioso consiguiente: se induce el incremento de la economía informal, en negro, y se reduce la economía formal, que es la que paga los impuestos y cargas sociales que financian todo el aquelarre.
Estas desproporciones, sumadas a la estabilidad laboral, explican lo extendido de la aspiración existencial de acceder a puestos en la administración pública. El estímulo para trabajar en el sector privado o en forma autónoma es prácticamente nulo, y además los empleadores privados –que no son solo las grandes corporaciones sino también pymes como un almacén- no están en condiciones de equiparar los sueldos que paga el Estado, que fija sus escalas a su antojo, como se le da la gana, arbitrariamente.
