Investigación en el geriátrico: se esperan algunos resultados
Una mujer había denunciado penalmente un presunto abuso sexual contra su madre de 92 años.
13 de julio de 2024 - 01:05
La Fiscal de Instrucción de Sexta Nomiación, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat avanza en la investigación de una denuncia por una presunta agresión sexual, en una residencia geriátrica, ubicada en la zona norte de la Capital. Una mujer había realizado la denuncia penal por una presunta agresión sexual contra su madre, de 92 años. La investigación apunta a tratar de establecer si existió o no el ultraje y, en caso de que haya ocurrido, si le transmitieron una infección de transmisión sexual (ITS) a la mujer adulta mayor.
El representante del Ministerio Público Fiscal tomó las primeras medidas. En este contexto, se tomaron testimonios, se concretó un allanamiento y se secuestraron cámara se seguridad para visualizar algunas imágenes. A la vez, se esperan algunos resultados. El fiscal Barros Jorrat trabaja en coordinación con el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) y el Laboratorio Satélite Forense.
Las personas adultas mayores (PAM) al igual que chicos y chicas y las personas con discapacidad conforman un grupo de personas que requieren una protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad. “La vulnerabilidad está asociada a la condición evolutiva, ya que se encuentran atravesando un proceso gradual de cambios en diferentes niveles, biológico psicológico, social, y funcional. En muchos casos, nos encontramos con personas que requieren de asistencia. Es una población dependiente que necesita del ‘otro’, para poder desenvolverse y llevar una vida digna”, se explicó.
Dada esta situación, a finales de 2018, en Catamarca entró en vigencia la Ley Provincial 5.568 de Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. La normativa catamarqueña se encuentra en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ésta cuenta con rango constitucional, a través de la Ley Nacional 27360, de mayo de 2017.
En tanto que, en materia de violencia contra los grupos socialmente vulnerables, desde el gabinete social se había indicado que las PAM se convierten en rehenes de su propia familia. “En los últimos años, se trabajó mucho con otros grupos socialmente vulnerables. No cualquiera está capacitado para abordar una situación de vulneración de adultos mayores”, se había advertido.
En 2020, durante la pandemia, las PAM, por protección, sufrieron más el distanciamiento y aislamiento social. “Hay muchos casos de violencia psicológica, verbal y patrimonial. Las violencias más invisibles. En algunos casos, les sacan el documento o tarjeta de cobro o despojan de la titularidad de su casa; los invaden. Esas violencias, diarias, sostenidas y crónicas están invisibilizas”, habían detallado.
Línea
Ante la sospecha, duda o intención de informar, se encuentra disponible la Línea de Asistencia y Protección a Personas Adultas Mayores 3834318660.
