Decano. El intendente de Pomán Francisco Gordillo cumplirá en 2027 nada menos que 28 años en el cargo.
Sorpresivamente, a través de un decreto acuerdo firmado horas antes de que se inicien las sesiones extraordinarias en la Legislatura, el Gobierno reformó el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades y modificó el tope para los sueldos de los municipios sin Carta Orgánica: en lugar de emolumentos equivalentes a los de un director del Poder Ejecutivo, como era hasta ahora, podrán cobrar lo que cobra un ministro. Los concejales “tendrán derecho a percibir una dieta, que será fijada por el Concejo Deliberante y que en ningún caso podrá superar 80% del haber que perciba el intendente por todo concepto”.
El decreto aclara que la aplicación de sus disposiciones “quedará supeditada a las disponibilidad presupuestaria y financiera del respectivo municipio”, pero ya se sabe cómo funcionan las cosas: bastará que tales disponibilidades se les tornen escasas para que le pidan asistencia al Gobierno, que se muestra invariablemente generoso para resolverles los déficits.
De este modo, los intendentes sin Carta Orgánica pasarán a cobrar los $2.000.000 que perciben los ministros, casas más, casas menos, cifra que es también similar a la que perciben los diputados.
Quedan fuera de esta equiparación salarial los intendentes con Carta Orgánica, quienes deben maldecir a los antecesores que tuvieron la descabellada idea de sancionar tan restrictivo instituto. No solo les impide acogerse a las políticas salariales para el funcionariato que fija a su arbitrio el Poder Ejecutivo, sino que también les coarta el acceso a las mieles de la reelección indefinida de sus colegas sin Carta. Una verdadera injusticia.
El diputado radical Tiago Puente puso el grito en el cielo por la contradicción entre esta inesperada recategorización de los jefes comunales y la Emergencia a la que el oficialismo dio media sanción en la Cámara de Diputados el miércoles para que salga como por un tubo en el Senado, si no es por unanimidad pegándole en el palo.
Ésta es una arista del asunto. Otra podrían ser los 2.000.000 por barba de los 18 ministros del Gobierno, todos con acceso a sus respectivas cajas y gangas. También podrían ponerse en cuestión las dietas y minipresupuestos personales adicionales de los legisladores provinciales, ahora que el “dietazo” del Senado nacional puso el tema de moda.
Desde el punto de vista institucional se verifica la distorsión del concepto de autonomía municipal, que los intendentes esgrimen para exigir fondos al Gobierno pero deponen cuando deben munirse de recursos propios o hacerse cargo de dislates como arrebatos de bancas a sus opositores, arbitrariedades perpetradas contra empleados y vecinos que se judicializan y otras conductas que constelan la picaresca del interior. Al momento de ponerse, el espíritu autónomo se les vuelve mansedumbre.
Nótese que el decreto establece también una relación entre los emolumentos del lord mayor y las dietas de los miembros del Concejo Deliberante, cuerpo del que no se privan los municipios sin Carta Orgánica más allá de las posibilidades que tengan de solventarlos. Muchos de estos organismos son fuente de conflictos tan inacabables como onerosos, de cuyos costos también termina por lo general haciéndose cargo el Tesoro Provincial.
Pero además, no existe estímulo alguno para que los intendentes propicien la sanción de Cartas Orgánicas, aún cuando estén cubiertos los requisitos para hacerlo. Se trata de un ordenamiento central para ganar autonomía que las malversaciones institucionales han convertido en indeseable para la dirigencia política.
Si el auxilio financiero del Gobierno garantiza la estabilidad presupuestaria y, por consiguiente, inmejorables condiciones para perpetuarse en el cargo, ¿para qué imponerse límites a las reelecciones? Más conveniente es cacarear autonomía y seguir en la cómoda posición del entenado. Si hasta un punto índice los aguarda para la remota eventualidad de que los desbanquen.
