El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó ayer por la tarde la suspensión del intendente Mario Orlando Páez (Movimiento Integrador Santarroseño), que debería hacerse efectiva a partir del primer día hábil de enero de 2026 y por un período de 60 días. La medida, que se aprobó gracias a un proyecto presentado por el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Rosales (electo por la misma fuerza municipal), responde a una "profunda crisis institucional fundamentada en constantes incumplimientos" del intendente, a quien cuestionan la falta de respuestas al CD y "graves violaciones" a la Ley Orgánica Municipal.
Según la ordenanza, será el CD el que determinará qué concejal asumirá transitoriamente sus funciones. Además, proponen que se ordene una auditoría específica para examinar el uso de los fondos municipales y los efectos de la suspensión. El trámite ahora, indicaron, es informar a las autoridades del Gobierno de la Provincia y del Banco Nación para inhabilitar la firma del intendente. La ordenanza, aseguraron, busca recuperar la "calidad institucional del municipio, la cual se ha perdido por las acciones del intendente Mario Páez". En paralelo, hay causas en la Justicia Penal.
El CD señaló que Páez "asumió facultades no conferidas, como la de declarar nulos sus propios actos y las ordenanzas emanadas por el CD". En esa línea, reclaman que Páez sostiene una "concepción errada" según la cual el Concejo es meramente un "apéndice del Ejecutivo". Esto se habría manifestado en la falta de remisión del Boletín Oficial, una obligación legal para la publicación de los actos de gobierno.
Además, le reclaman a Páez que "nunca acreditó los instrumentos legales para la designación de funcionarios", específicamente en el caso del asesor legal. También señalan que se incumplió la Ley de Municipios "al no remitir la memoria anual sobre el estado financiero de la administración ni el presupuesto para 2024, demorando además la proyección para 2025". También se pone la lupa sobre la falta de rendición de cuentas en torno a la compra de un terreno destinado a un polideportivo, y se cuestiona que Páez fijó un aumento salarial al personal del municipio que luego vetó.
Para los ediles, se evidenció una "violación al sistema de división de poderes" por la no remisión de recursos económicos para el funcionamiento adecuado del Poder Legislativo municipal. En ese punto, cuestionan que el CD funciona en un "local indigno", sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que se atribuye a una "política de obstrucción y degradación" hacia el cuerpo.
