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SUSCRIBITEUna polémica que amenaza con escalar se gestó a partir de una insólita resolución aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, que declara al pueblo mapuche como “no argentino”. Por cierto, la resolución no es meramente declarativa: su aprobación tiene innegables intereses vinculados a lo económico, pues lo que se pretende es negar la preexistencia étnica de esas comunidades y quitarles territorios ancestrales otorgados en el mes de febrero.
De hecho, el primer artículo del texto rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. Y el segundo cuestiona el reconocimiento que hizo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre territorios en la provincia cuyana.
Hay un debate que es anterior a este trámite legislativo respecto del pueblo mapuche. Son muchos los antropólogos que sostienen que habitaron primeramente en Chile y luego pasaron al actual territorio argentino. De todos modos, se trata de un dato de la realidad que de ninguna manera puede justificar la declaración de la Legislatura mendocina. Los mismos estudios antropológicos, llevados a cabo por científicos del Conicet, aseguran que hace por lo menos 14.000 años que los mapuches habitan en lo que ahora es territorio nacional. Sean 14.000 años o 500, lo cierto es que los mapuches habitaban las tierras en disputa desde mucho antes de que Argentina fuese Argentina y Mendoza fuese Mendoza. De modo que están comprendidos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y sostiene que se debe “reconocer la personería jurídica de las comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Todas las organizaciones indigenistas de la Argentina salieron a repudiar la resolución. Pero también lo hicieron otros actores, como la Iglesia Católica, que emitió un documento en el que la caracterizan como “un intento de institucionalizar el racismo y negacionismo contra los Mapuches en la Provincia de Mendoza”. La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) que preside el obispo Luis Scozzina (Orán, provincia de Salta), e integran los obispos José Conejero Gallego y Esteban Laxague, sostiene que el proyecto legislativo se suma a “los sistemáticos actos de violencia, como lo es también la difusión de información falsa que involucra a los Pueblos Indígenas, intentando desconocer su preexistencia, mediante una campaña de estigmatización”.
El verdadero tema de debate no es la preexistencia o no preexistencia del pueblo mapuche, sino el complejo problema de las tierras que esa comunidad reclama, a veces incurriendo en comportamientos violentos que, hay que decirlo, deben investigarse para determinar fehacientemente las responsabilidades de algunos representantes o presuntos representantes mapuches, pero también de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.n
