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Cara y Cruz

Insólita celeridad judicial

29 de mayo de 2026 - 00:24

La supuesta falta de ecuanimidad de la Justicia hacia los opositores es uno de los pilares sobre los que el diputado Javier Galán construye y propala la hipótesis de que las denuncias radicadas en su contra forman parte del complot montado por un oficialismo tanguero, “empeñado en deshacer” su proba figura. El argumento articula una férrea defensa de los fueros parlamentarios, como si el abuso sexual, las exacciones ilegales y el peculado de servicios que sus denunciantes le endilgan configuraran delitos de opinión, en el marco de una estrategia general que desacredita al Poder Judicial en bloque desde el Caso María Soledad al de Juan Carlos Rojas.

Un acontecimiento excepcional exige revisar esta narrativa conspiranoica. Lejos de perseguir u hostigar a Galán, la Justicia de la que reniega lo benefició con un privilegio que, a la luz de los precedentes, brilla por lo insólito: en menos de dos semanas identificó, capturó, condenó y metió preso por cuatro meses al sujeto que le había robado herramientas y $85.000 de uno de los locales de su corralón “San Javier”, previa apertura de un boquete.

Ya quisiera cualquiera de las innumerables víctimas de robos, hurtos y arrebatos catamarqueños padecer este tipo de persecuciones judiciales.

Lo de Galán merece destacarse por su singularidad, entre los centenares de casos de delitos contra la propiedad irresueltos o resueltos a medias, protagonizados por ladrones contumaces que asolan vecindarios y fincas con impunidad casi absoluta.

Quien haya denunciado robos lo sabe. Incluso si los malandras han sido identificados, o hasta capturados por civiles, lo usual es que salgan en libertad a las pocas horas.

Esto, en el mejor de los casos. Si el ilícito demanda pesquisas, lo más seguro es que los expedientes echen raíces en los estantes judiciales sin que fiscales y jueces se alteren.

El hartazgo acaba por disuadir a los denunciantes que interpretan los farragosos trámites y minuciosos interrogatorios a los que se ven sometidos para iniciar las acciones como síntomas de esmero. Los pobres ilusos empiezan a perder la inocencia en cuanto ven a los responsables de sus pérdidas pasearse de los más panchos en sus narices tras cumplir algunas formalidades menores.

La Justicia de la que Javier Galán reniega le resolvió en menos de dos semanas un robo perpetrado en su corralón. La Justicia de la que Javier Galán reniega le resolvió en menos de dos semanas un robo perpetrado en su corralón.

Ni con todo el circuito al descubierto hay garantías de resultados satisfactorios. Ladrones, cómplices y reducidores pueden estar individualizados con pelos y señales por las víctimas de robos, pero la indolencia judicial parece impermeable a los indicios incriminatorios más firmes.

Este “modus operandi” burocrático no distingue volúmenes. Se emplea tanto para la sustracción de calzones de los tendederos como para el sofisticado robo de cobre de transformadores y tendidos eléctricos.

La, como mínimo, negligencia judicial estimula el delito en lugar de desalentarlo. Ya no se trata de endurecer las penas –el que robó en el local de Galán pasará cuatro meses en el Penal-, sino de aplicar las existentes.

Los perjuicios de la situación no se circunscriben al malhumor de las víctimas, sino que se proyectan sobre toda la escena e incluyen a quienes tienen intenciones de invertir. Tampoco acá hay distinciones: desde el que se propone instalar un kiosco hasta el productor agropecuario, todos se ven obligados a considerar en su estructura de costos la conservación de la integridad de su patrimonio.

Vaya a saberse, tal vez el vertiginoso derrotero del expediente Galán marque un punto de inflexión en el historial de la inoperancia. Habrá que ver, pero por lo pronto lo que queda claro es que, no importa si es oficialista u opositor, cuando se trata de un legislador la Justicia se sacude las itas y acciona con notoria eficacia. Los fueros, por lo visto, no solo sirven para garantizar la libertad ambulatoria.

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