domingo 19 de mayo de 2024
Causa de los seguros

Inhibición de bienes para Fernández

La Justicia dictaminó anoche la inhibición de los bienes del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del exmandatario.

En tanto, una medida similar se aplicó para otros exfuncionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las presuntas irregularidades surgidas en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el exmandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker Héctor Martínez Sosa; de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente; del broker Pablo Torres García y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos exfuncionarios de Nación Seguros, que habían sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un exintegrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general y, Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras.

También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrá vender o disponer de sus bienes.

Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupcion que aporte las declaraciones juradas anuales (publicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6. La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

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