La oposición consiguió ayer impedir que se trate en el Senado la continuidad en el cargo de una jueza que considera “kirchnerista”, pero al mismo tiempo trabó el tratamiento de otros 74 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial y la sanción de normas sensibles relacionadas con problemas de salud como la de Atención frente a la Muerte Perinatal o el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz.
Cifrada en la grieta, la alta política nacional es indiferente a todo lo que no tenga que ver con sus intereses facciosos. Las obstinaciones conjugadas derivan en parálisis institucional. Asuntos urgentes quedan subordinados a un juego de chantajes mutuos.
La frustrada sesión de ayer fue un ejemplo claro.
El kirchnerismo fracasó en su intento de conformar quórum para prorrogar la permanencia de la jueza Ana María Figueroa, que el 9 de agosto cumplirá los 75 años que marcan el límite para continuar en el puesto. Figueroa integra el tribunal que debe expedirse sobre la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum de Irán, que comprometen a Cristina Fernández de Kirchner.
Los empecinamientos son tan esclarecedores como lesivos para el prestigio de la magistrada. El kirchnerismo quiere que se quede y la oposición que se vaya porque suponen que fallará contra la reactivación de ambos procesos en beneficio de Cristina Kirchner. Ni siquiera precisan conocer qué argumentos emplearía para conseguir este propósito.
Con tal de mantener abierta la posibilidad de mantener a Figueroa, el kirchnerismo se negó a sacar la prórroga de la minuta parlamentaria para que el cuerpo pudiera avanzar con las otras 74 designaciones y las leyes de Atención frente a la Muerte Perinatal y de Pubertad Precoz, reclamadas por miles de familias que sufrieron y sufren ambos problemas, parte de las cuales estaban en el recinto.
Con igual tozudez, Juntos por el Cambio se negó a dar quórum.
Las vacancias en la Justicia Federal y nacional oscilaron entre el 20 y el 30% en la última década. Están ahora en un 24%, con la lógica afectación de un servicio de Justicia que tiene otros asuntos que atender además de la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. 242 cargos sin sus titulares y ocupados por subrogantes, de los que 13 corresponden a tribunales que están creados por ley pero que todavía no funcionan.
El senador nacional catamarqueño Guillermo Andrada subrayó ayer por otra parte que cuando se tratan temas médicos las demoras resultan más gravosas, porque “el tiempo que le estamos dando a la enfermedad para que actúe es importantísimo”.
En este sentido, el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz que iba a sancionarse es fruto de la lucha de más de dos mil familias ante la falta de respuesta de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga para la aparición temprana de los caracteres sexuales en niños y niñas.
La ley de Atención frente a la Muerte Perinatal, o “ley Johanna”, tiene un recorrido similar. Surgió de una iniciativa popular y busca garantizar que las embarazadas y sus familiares cuenten con asistencia médica y psicológica en caso de enfrentar una muerte perinatal, que engloba los fallecimientos de bebés en gestación que superan la semana 22 de embarazo hasta aquellos que han cumplido siete días desde el nacimiento. La norma obligará a las obras sociales y prepagas a proporcionar la cobertura.
La decepción de quienes esperaban ayer dos leyes que tendrán incidencia concreta en su calidad de vida fue otra postal de la enorme distancia entre los intereses de la sociedad y los de la política enajenada. Después se afligen porque prosperan las prédicas antisistema.