Indagarán a Elpidio Guaraz por "privación ilegítima de la libertad" y "abuso sexual"
El intendente de Santa Rosa fue denunciado en junio del año pasado. Hasta ahora no había sido imputado.
ACUSADO. ELPIDIO GUARAZ, JEFE COMUNAL DE SANTA ROSA.
7 de octubre de 2022 - 23:57
A más de un año de ser denunciado, el martes próximo, el intendente de Santa Rosa deberá presentarse en la sede de la Fiscalía General para ser indagado por los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”. La denuncia había sido radicada en junio del año pasado. Notificado de la denuncia en su contra, el jefe comunal se presentó espontáneamente en la Fiscalía General. El intendente, acompañado por sus abogados Luciano Rojas y Alejandra Sauzuk, había negado los hechos. Al mismo tiempo, insistió en su inocencia.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación –por entonces a cargo del exfiscal Ezequiel Walther-. No obstante, el jefe comunal no había sido imputado. En un primer momento, se ordenaron las medidas de rigor, tales como protocolos y pericias, a efectos de tener los primeros elementos para poder encuadrar el presunto delito.
Dada la índole del delito denunciado, la causa se manejó con la reserva de rigor. No obstante, de acuerdo con información a la que pudo acceder este diario, la joven denunciante había tenido una beca municipal y luego pasó a contrato de servicio. El abuso se habría prolongado durante cuatro años, aproximadamente, desde que ella era adolescente. Cansada del hostigamiento y de esta situación, la joven decidió realizar una denuncia penal. Sin embargo, optó por asentarla en la Capital y no en la Comisaría de Santa Rosa, en la jurisdicción de Guaraz.
Apelaciones
Con el correr de los meses, se habían realizado varios planteos. Finalmente, el expediente recaló en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. En junio de este año, el Tribunal de Alzada, integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Patricia Olmi resolvió que la joven denunciante declare.
En su momento, la joven había presentado escritos pero no tuvo la oportunidad de expresar verbalmente y contar su versión. De momento, las medidas tomadas fueron con base a escritos porque no había tenido la oportunidad de contar su versión con sus palabras y ser escuchada.
Los fundamentos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos se basaron en la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. En el artículo 5, inciso K se establece que las personas víctimas tienen derecho a “ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente”.
El Tribunal de Alzada consideró que la recepción de la declaración testimonial de la joven, por el órgano acusador, “puede, en su caso, permitir el ingreso de la versión directa y personal de la denunciante”. Para los camaristas, de esta manera, la denunciante puede contar directamente sus vivencias e “ilustrar los extremos fácticos, en torno a la investigación en curso”. “Ello de ninguna manera, importa vulneración alguna de derechos. En todo caso, la decisión es respetuosa de nuestro sistema constitucional, en cuanto postula el derecho de la víctima a ser escuchada a través de un acto procesal, como lo es la prueba testimonial, que le permita expresarse en relación al suceso que denuncia”, destacaron.
Actualmente, la investigación está a cargo de la fiscal Antonella Kranevitter, quien asumió el mando de esta Fiscalía, en octubre del año pasado. Luego de haber escuchado la declaración de la denunciante y reunir la prueba pertinente, la representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con los elementos necesarios para imputar e indagar al jefe comunal Elpidio Guaraz.
“No se trata de nueva declaración. En todo caso, será la primera y única declaración en el marco de esta investigación. Si bien es cierto que la denunciante fue convocada a fin de realizar una pericia psicológica y que también ha formulado una denuncia por escrito, no obstante, ambos actos no pueden reemplazar la declaración de quien, por tener -en su caso- un conocimiento directo y personal sobre los sucesos, se puede expresar con precisión, claridad y en forma detallada en torno a lo sucedido”, precisó el Tribunal de Alzada.
Segunda denuncia en contra
Conocida esta denuncia, otra joven se animó a denunciar al intendente Elpidio Guaraz. Por este hecho, fue imputado por "abuso de autoridad. En esta ocasión, Guaraz fue nuevamente denunciado por “abuso sexual” y por “acoso sexual”. Por tratarse de delitos contra la integridad sexual, a fin de resguardar la identidad de las denunciantes se reserva su identidad.
“Ya se ordenó la imputación y nos queda mucho camino por recorrer. Llegaremos hasta el debate oral y público y allí seguramente será condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, minimizándose así la posibilidad de que continúe perjudicando jovencitas porque no acceden a sus caprichos sexuales”, expresó la abogada Natalia Páez Vaca, representante de la querella.
“La denunciante, en su versión central, manifestó una circunstancia de tenor sexual. Ahora, la agente fiscal le atribuye un delito contra la administración pública. Lo que queda claro es que al no acreditarse los extremos de algún delito sexual, se le atribuye otra conducta totalmente distinta”, advirtió el defensor Rojas.
Planilla de antecedentes
Elpidio Guaraz es el jefe comunal de Santa Rosa desde hace varios mandatos y éstas no son las únicas denuncias en su contra.
En diciembre de 2020, un jefe de la Policía lo acusó de amenazarlo por no dejar pasar a apostadores de otras provincias.
En abril de 2020, la Fiscalía de Estado de la Provincia, lo había denunciado penalmente por “intimidación pública”, a través de las redes sociales, durante la etapa más estricta de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
En agosto de 2014, el concejal Orlando Páez (FV) lo había denunciado penalmente por la supuesta malversación de fondos y fraude contra el Estado, entre otras irregularidades, que está originada en un informe elevado por el Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia a Fiscalía de Estado.
