El coordinador regional NOA de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), Exequiel Álvarez, dio cuenta de la incertidumbre que reina en los empleados de estas instituciones ante el anuncio del Gobierno nacional de cerrar 81 de las 150 dependencias que hay en el país. En Catamarca son dos los CAJ que existen, uno en Valle Viejo y otro en Belén, que tienen funciones regionales.
“Al día de hoy no hay ninguna precisión sobre cuáles serían las oficinas que se cerrarían, ni cuándo, ni a cuántas personas afectaría. El gremio de ATE se reunió con las autoridades nacionales y no le dieron ninguna certeza, sí le adelantaron que podría ser en un sentido progresivo y no necesariamente cerrar las 81 oficinas a fin de mes. La realidad es que no hay certeza y en ese sentido uno observa un nivel de improvisación enorme y la incertidumbre que genera en cada uno de los trabajadores es monumental”, dijo el referente en diálogo con “Mañana es hoy” (Radio Ancasti).
Afirmó que la estimación que hace el gremio es que son casi 400 las fuentes de trabajo que se podrían perder en todo el país y añadió que actualmente hay 40 trabajadores en la región NOA. “Hablamos de 40 trabajadores para una región que involucra 5.500.000 habitantes aproximadamente”, advirtió.
Álvarez dio datos en torno al costo y a los servicios que dan los CAJ. “Hoy en día, de la 105 oficinas no son más de 10 las que pagan alquiler. Todos están en espacios que los alojan, ya sea, parroquias u organizaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja. Hay casas de la Mujer, comedores comunitarios. Se pagan salarios que, si bien ignoro cuál será el total, estimo que están muy lejos del número que dice Nación”, sostuvo.
“En el comunicado oficial hablan de auditorías. El gremio pidió acceder a esa información y ha sido negado. Me parece que estamos discutiendo sobre relatos que pretende imponer una gestión que quiere cerrar 81 oficinas y nada más”, añadió.
El referente negó que los CAJ sean “cajas políticas” y que su trabajo puede ser cubierto por las defensorías y las fiscalías provinciales y nacionales como plantea el Gobierno nacional. “Cualquier persona puede ir a alguno de estos centros a lo ancho y a lo largo del país y comprobar que lo que se hace no lo hace ningún otro organismo, no porque no quieran sino porque no dan abasto. Las fiscalías y las defensorías que permanentemente están derivando porque no dan abasto y también porque la mayoría de las consultas que llegan a los centros, las Defensorías o la Fiscalía no las toman”, dijo.
“En los casos de violencia de género, el acompañamiento psicosocial y legal que se hace en los centros de justicia es permanente en el tiempo y no podrían hacerlo las fiscalías, ni las defensorías ya que están actuando sobre la emergencia y en casos concretos. En los CAJ se sostiene durante años, porque cuentan con trabajadores sociales a los cuales esta gestión ha omitido en sus comunicados, que realizan una tarea fenomenal”, añadió.
El referente indicó que desde Nación conocen el trabajo de los CAJ, pero que, “por una cuestión filosófica, no comparten con la naturaleza de estos centros”.
Finalmente, destacó que los CAJ vienen trabajando hace 15 años superando los distintos gobiernos nacionales. “Esta política pública es un claro ejemplo de algo que ha trascendido los gobiernos. Nació con Cristina Fernández de Kirchner, lo ha sostenido Mauricio Macri realizando propuestas superadoras y han continuado con Alberto Fernández", sostuvo.n
