domingo 28 de mayo de 2023

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Está detenido en el Servicio Penitenciario

Imputado por un ultraje pidió declarar

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Un hombre de 33 años, imputado por graves hechos de abuso sexual en la infancia, pidió declarar en la causa. Se trata del sujeto que fue arrestado el 2 de mayo en pleno centro de la ciudad Capital. La fiscal de Instrucción Nº 3, Gabriela De Marcos, lo imputó por dos hechos por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño en la salud y por el vínculo en calidad de autor en concurso real”. El 3 de mayo, el acusado había optado por no declarar.

Está previsto que el acusado declare el próximo martes, según la información a la que pudo acceder El Ancasti. Actualmente, se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores.

Por otra parte, se supo que el pasado miércoles se presentó la denunciante en el edificio de Fiscalía General. En la oportunidad, la mujer amplió su testimonio y respondió preguntas que le realizó la fiscal De Marcos. También se conoció que, en el marco de la investigación, surgieron nuevos elementos que complicarían al imputado.

El 10 de mayo, el juez de Control de Garantías Nº 3, Lucas Vaccaroni, resolvió confirmar la detención del hombre. Para ello, contempló la entidad y gravedad de los delitos que le atribuyen al acusado y la pena en abstracto que podría recibir, que es de entre ocho a 10 años de prisión.

“En tales condiciones, la ley establece una presunción de riesgo procesal, al inferir que en caso de soltura, en función de la grave amenaza penal, el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”, expresó en sus fundamentos.

Vaccaroni puso énfasis en que “existe prueba pendiente a producir conforme lo manifestó el Ministerio Público Fiscal y que podrían dotar de mayor robustez a la investigación y a la acusación propiamente dicha, deviniendo necesario –por ello– que el imputado continúe privado de su libertad para el real diligenciamiento de dichas medidas”.

El juez argumentó que, en estos casos, se debe dar un “especial sentido de diligencia que debe imperar cuando estén involucrados en los acontecimientos niños, niñas o adolescentes”, teniendo presente siempre el interés superior del niño/a y adolescente conforme el artículo 3 de la ley 26061 y artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

“El imputado podría entorpecer la investigación porque, como quedara acreditado en la audiencia y en el estudio del expediente, tiene amplios conocimientos y posibilidades de contacto con las víctimas, generando en definitiva un notorio y grave peligro para el proceso”, remarcó.

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