La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, imputó e indagó a un hombre por ocho hechos de violencia de género, en el marco de una investigación que se amplió a partir de la incorporación de nuevos elementos probatorios y la detección de episodios delictivos posteriores.
En función de ello, la fiscal reformuló el decreto de determinación de los hechos y dispuso su acumulación, conforme a las reglas de conexidad, con el objetivo de abordar de manera integral el conflicto y las distintas manifestaciones de violencia asociadas.
El imputado -cuya identidad no será difundida en resguardo de las víctimas- fue indagado por la presunta comisión de los delitos de amenazas coactivas; amenazas simples; amenazas simples en concurso ideal con desobediencia a la autoridad; desobediencia a la autoridad; daños e incendio, todo en calidad de autor y en concurso real.
Durante la audiencia de indagatoria, el acusado, asistido por el defensor oficial N°1, Daniel Carrizo, decidió prestar declaración, aunque no trascendió el contenido de la misma.
Finalizado el acto, la fiscal solicitó la planilla de antecedentes para avanzar con el proceso.
De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron entre abril de 2024 y abril de 2026, en un contexto sostenido de violencia de género, caracterizado por conductas de control, hostigamiento, amenazas y desobediencia a mandatos judiciales.
El 8 de abril de 2024, el imputado inició una serie de conductas intimidatorias vinculadas a conflictos familiares y económicos, profiriendo amenazas que generaron temor y colocaron a la víctima en una situación de vulnerabilidad. El 14 de mayo de 2024, la situación escaló con un episodio de violencia directa, en el que, en el marco de una discusión, la amenazó de muerte, intensificando el cuadro de intimidación.
A partir del 19 de mayo de 2024, y pese a la existencia de medidas judiciales de restricción debidamente notificadas, el imputado comenzó a incumplirlas de manera sistemática mediante el envío reiterado de mensajes y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo. Esta conducta se reiteró el 27 de mayo de 2024, cuando se presentó en un establecimiento al que concurrían sus hijos, y nuevamente el 30 de mayo de 2024, mediante nuevas amenazas enviadas por medios digitales, en ambos casos en abierta desobediencia a las órdenes judiciales vigentes.
Luego de un período, el 21 de marzo de 2026, el imputado protagonizó un hecho de daño al destruir un teléfono celular durante una discusión.
Posteriormente, el 13 de abril de 2026 en horas de la madrugada, se presentó en el domicilio pese a la prohibición de acercamiento, reiterando su conducta de desobediencia.
Finalmente, ese mismo 13 de abril de 2026, en horas de la tarde, el imputado regresó al inmueble y provocó intencionalmente un incendio, que ocasionó la destrucción total de la vivienda.