El director Provincial de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional, Matías Andrés Cabrera removió de sus cargos a la directora de la Escuela Secundaria Agrotécnica de Alijilán, Clara Lemos y a cinco hombres, auxiliares docentes en esa institución, que fueron denunciados a principio de julio por la docente por hechos de violencia y supuesta amenaza de muerte.
La resolución, avalada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, será impugnada en las próximas horas por la directora con el patrocinio legal del abogado Sebastián Ibáñez, al tiempo que se solicitará su inmediata reincorporación. Según fuentes judiciales, Cabrera se refirió a una disposición emitida por la Dirección Provincial de Sumarios en la que se ordenó realizar una "investigación presumarial" a Lemos para esclarecer "supuestas conductas irregulares como no tomar las medidas precautorias de los deberes a su cargo en relación con el desempeño docente razonablemente responsable, falta de respeto al superior jerárquico, agresión verbal a integrantes de la comunidad educativa, agresiones y/o abusos morales, físicos y psíquicos a alumnos y/o agentes de la comunidad educativa".
En este marco, Sumarios determinó "aplicar la medida preventiva de movilidad de funciones". Los denunciados y la denunciante fueron apartados de igual manera. Las mismas fuentes explicaron que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nacional 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres" y la Ley Provincial 5.434 de "Violencia familiar y de género, y creación del fuero de violencia familiar", los que tienen que ser desplazados son los agresores, no la víctima de las agresiones. El apartamiento de la docente implicaría una revictimización que está expresamente prohibida por esas leyes.
Específicamente, el artículo 16 de la ley nacional 26.485 dispone que "los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina".
Se informó además que la directora impugnará la disposición y pedirá que el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo revea la resolución y la deje sin efecto.
En los hechos que reveló Lemos estuvo implicada la docente Silvina Nieva, a quien no denunció. Nieva por su parte, denunció a Lemos y la acusó de maltrato laboral, hostigamiento y violencia psicológica. El conflicto afecta a la escuela que no tiene más autoridades que la directora y a la que asisten cerca de 150 alumnos en doble jornada sin contar con asesoría pedagógica ni ordenanzas.