En la Cámara de Diputados entró un proyecto para promover que el comercio local trabaje en horario corrido entre abril y mayo, la temporada otoño-invierno. La iniciativa, contó la diputada oficialista María Argerich, obedece a inquietudes del Sindicato de Empleados de Comercio a quienes el formato les resultaría más conveniente para poder realizar otras actividades particulares y reducir el gasto en transporte. También consignó que representaría un ahorro en el consumo de energía y que en la época en que empieza a pegar el frío la gente ya no compra más allá de las 20.
Argerich aclaró que su intención es consultar a todos los sectores involucrados en el debate de comisión y que su equipo hará encuestas presenciales y virtuales para conocer la opinión de los catamarqueños.
El expresidente de la Unión Comercial Sebastián Luna Guzmán consideró que el tema ya se debatió y que el horario de atención quedó a criterio de cada comerciante.
El caso es que nada impide al comerciante trabajar en horario corrido, incluso todo el día si estima que obtendrá algún provecho, de modo que no se entiende cuál es la necesidad de legislar al respecto.
No parece ser un tema que demande la intervención legislativa o del Estado. Más bien podría esperarse que se generen inconvenientes por tratar de hacer obligatorio algo que es optativo y funciona bien como tal.
“¿Qué pasa si el Gobierno viene y se quiere meter en un ámbito que claramente no le corresponde y nos va mal? ¿Quién paga a los empleados si no se vende? ¿Cómo llegaríamos a compensar esta metida de pata?”, se preguntó Luna Guzmán, razonablemente.
El extitular de la Unión Comercial consideró, de todos modos, que “en algún momento Catamarca va a tener que tener un microcentro con horario corrido y la periferia con horario cortado, como es casi todas las provincias grandes, pero eso se va a ir dando con el tiempo”.
Si se da o no, dependerá seguramente del movimiento comercial y no de un imperativo estatal, por más bien intencionado que sea.
Hay que ver qué surge del debate en la comisión, pero algunas experiencias pueden servir como precedente sobre los problemas que acarrea la propensión de reglamentar lo que no requiere reglamentación alguna.
Es célebre el impacto negativo que tuvo la Ley de Alquileres que, con la intención de proteger a los inquilinos de supuestos abusos de los locadores, provocó un aquelarre que perjudicó todo el mercado inmobiliario, con distorsiones que redujeron la oferta, produjeron saltos de precios exorbitantes en la renovación de contratos y dejaron a inquilinos en encerronas complicadísimas. El sonado fracaso obligó a nuevas y trabadas tratativas en el Congreso y cambios que no resolvieron los problemas.
Ocurrió, sin embargo, lo que era de esperarse: propietarios e inquilinos acuerdan entre ellos las condiciones más adecuadas. Esto es: la gente, sola, puede arreglárselas sin tutelajes. En todo caso, es posible con la legislación vigente abordar los casos particulares de abusos, sean de propietarios o de inquilinos, sin necesidad de intromisiones no requeridas.
Del mismo modo, es razonable suponer que los comerciantes acomodarán sus horarios de atención de acuerdo a cómo evolucione la demanda de los consumidores, como de hecho ocurre.
Hay en el microcentro locales que atienden en horario corrido y extendido sin necesidad de una ley o resolución. Simplemente porque venden: abren cuando hay clientes, cierran cuando no.
