Advirtieron que hasta ahora no intervinieron por respeto al proceso judicial, y que la Justicia deberá escuchar su relamo, para que los polcías activos tengan garantías para trabajar.
El jueves 11 un jurado popular declaró culpable de homicidio simple a José Javier Aguilar por el asesinato del cabo Diego Chávez, modificando el escenario judicial del caso porque la expectativa de pena pasó de prisión perpetua, a una condena de entre 8 y 25 años de prisión.
Los 12 miembros del jurado descartaron la imputación de homicidio agravado por haber sido cometido contra un integrante de las fuerzas de seguridad, y Aguilar -que admitió haber matado a Chávez-, zafó de ser condenado a prisión perpetua.
En este contexto, el sargento ayudante retirado Luis Flores, vocero de la Mesa Salarial, consideró que "calificar de homicidio simple el asesinato de un agente que cumplía su deber no es un detalle técnico. Es ignorar el Artículo 80 inciso 2 del Código Penal argentino, que establece claramente el agravante, cuando la víctima es funcionario público en ejercicio de sus funciones".
Aseguró que no fue una pelea entre vecinos. Fue un ataque contra la autoridad, contra el Estado y contra toda la comunidad, porque Diego Chávez vestía uniforme cuando lo mataron, y sostuvo que tratar el hecho como si fuese un homicidio común, envía un mensaje peligroso, que quien nos protege vale menos ante la Justicia. ¿Cómo pedirles que arriesguen la vida, si al caer, la ley se aplica a medias? ¿Con qué tipo de garantías va a trabajar ahora?".
Hizo hincapié en que se deja "expuesto al ciudadano común que paga sus impuestos que cree, confía y supone que debemos tener Justicia, Más allá de sus argumentos (de Aguilar) y el de los abogados (defensores), que manifestaron que no sabía que Chávez era policía, la resolución judicial deja mucho que desear.
Para finalizar enfatizó: "Nuestro rechazo es total y absoluto para con esta situación, de calificar de homicidio simple al asesinato de un policía. Estamos viendo cómo vamos a acompañar a esta última parte del proceso judicial. Hasta ahora no estuvimos presentes porque somos muy respetuosos de la Justicia. Pero la Justicia nos va a tener que prestar atención y escuchar, para que el personal que está en actividad, pueda seguir trabajando".
El martes 16 se realizará la audiencia de cesura, donde se definirá la condena que Aguilar deberá cumplir, y que será de entre 8 y 25 años.
"Desde la Comisión Directiva y en representación de todos los asociados del Centro Mutual de Policías Retirados de Catamarca, manifestamos públicamente nuestro profundo rechazo y dolor ante el veredicto del jurado popular que quitó el agravante en la causa por el asesinato del cabo de la Policía de la Provincia, Diego Chávez, ocurrido en Valle Chico en 2022.
La decisión de encuadrar el cobarde crimen como “homicidio simple”, descartando la perpetua para José Javier Aguilar, sienta un peligroso precedente. Este fallo ignora una realidad innegable, que el cabo Chávez no perdió la vida en una situación común. Dio su vida cumpliendo su deber, vistiendo uniforme y defendiendo a los ciudadanos de la provincia.
Quitar el agravante por tratarse de un efectivo en funciones envía un mensaje equivocado a la sociedad y a la delincuencia. Atacar a un policía es atacar al Estado y a la paz social; si la ley no protege con la máxima pena a quien nos cuida, se debilita a toda la institución.
Aunque somos respetuosos de las instituciones democráticas, consideramos que el veredicto no refleja una verdadera justicia. Exigimos al Juez director, Dr. Fernando Esteban, que al momento de dictar la pena en la audiencia de censura, aplique el máximo rigor que prevé la escala penal para el homicidio simple (25 años). Menos que eso sería un insulto a la memoria de Diego".n