Por estos días la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal es el escenario de un juicio que tiene a diecisiete personas sentadas en el banquillo por narcotráfico. Con distintas imputaciones y grados de participación, los acusados conocerán su suerte en los próximos días. La causa es una radiografía para conocer cómo operan las bandas narco en el país y la estratégica ubicación geográfica de cada integrante.
El caso tiene como una de las principales imputadas a Eva Portillo López, una mujer oriunda de Paraguay, que cuenta con antecedentes por narcotráfico. Portillo López, de 66 años, estaba afincada en el partido bonaerense de Moreno, desde donde supuestamente se ocupaba de suministrar estupefacientes a revendedores de otros puntos del país.
La conexión interprovincial llegó hasta Catamarca, en donde, en junio del 2019, la Justicia Federal ordenó allanar un taller mecánico de la Capital en donde Drogas Peligrosas arrestó a los hermanos Mario y Ernesto Rolón, y luego a Miguel “Cuky” Silva y Jonathan Ríos.
Los movimientos sospechosos a toda hora en el domicilio de los Rolón dispararon una denuncia anónima que llegó a Drogas Peligrosas y comenzó con las tareas de vigilancia. Los trabajos de inteligencia determinaron que en ese lugar se comercializaba drogas y que Silva y Ríos oficiaban de revendedores para abarcar la zona sur de la ciudad. Las intervenciones telefónicas jugaron un rol fundamental en la pesquisa y motivaron que el juez federal Miguel Ángel Contreras firmara las órdenes de allanamiento, y los sospechosos cayeran.
La cantidad de droga incautada en Catamarca fue ínfima pero las “escuchas” revelaron un circuito que funcionaba de manera aceitada a través de contactos con proveedores de centros urbanos más grandes como Santiago del Estero y Tucumán, en donde también se concretaron allanamientos y detenciones, entre ellas la de Portillo López quien comandaba un convoy en el que transportaban 30 kilos de marihuana, dinero y armas de fuego.
“La cantidad es anecdótica, ya que podrían haberse encontrado 400 o 500 kilos. Lo importante es que el accionar de las fuerzas investigativas nos llevó al núcleo de una organización delictiva con ramificaciones en varias provincias” había manifestado el juez Contreras.
De la investigación no surgió hace cuánto tiempo que la banda operaba de esta manera. Ni tampoco surgió una prueba contundente que condujera a quienes importaban las drogas. Ésa es información reservada porque los imputados, como sucede en la totalidad de las causas por narcotráfico, mantienen el pacto de silencio y sus declaraciones no van más allá de la confesión para conseguir una pena más leve.
Lo mencionado no es un llamado de atención contra la Justicia Federal y sus auxiliares, ya que acometen con las escasas herramientas humanas y tecnológicas que tienen a mano.
Lo que se observa es la inexistencia de una política de Estado articulada para la lucha contra el narcotráfico, lo que da vía libre para que las organizaciones narcocriminales operen y perfeccionen sus métodos para continuar avanzando en el negocio de la droga en el país.