El inicio de las obras para construir una planta productora de carbonato de litio...
23 de marzo de 2022 - 02:15
El inicio de las obras para construir una planta productora de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas, localizado en Fiambalá, coincide con la reactivación de la grieta minera, que escaló desde un conflicto laboral en la puna antofagasteña hasta el enérgico rechazo de la oposición a los acuerdos con dos litíferas que el Gobierno quiere hacer aprobar por la Legislatura (ver página 2). Entre ambos episodios, los inesperados pedidos de informes del Concejo Deliberante de Andalgalá por supuestas contaminaciones provocadas por Minera Agua Rica-Alumbrera.
El entredicho por la calidad de la licencia social para la minería en Catamarca vuelve a escena. Reabrió la herida el alineamiento del Gobierno y la UOCRA para respaldar el despido de dos trabajadores que habían pedido mejoras laborales, ejecutado por la Corporación Cooperativa conformada por las empresas Mogetta, Contreras y BBC, contratista de la litífera Galaxy.
Los despedidos habían trasmitido un petitorio de 12 puntos a las autoridades del grupo empresario. Tras sus despidos, el conflicto recrudeció. 48 horas después de que tomara estado público, se celebró una reunión entre representantes de la Corporación, los ministerios de Trabajo y de Minería y la UOCRA, tras la cual se dictó la conciliación obligatoria y se dejaron firmes los despidos.
El desenlace del episodio abona la prédica antiminera y erosiona el discurso oficial que postula a la minería como generadora directa e indirecta de trabajo “de calidad”: beneficios económicos para particulares digitados desde la política, alianza entre el Gobierno y el gremio para garantizarlos, desamparo de trabajadores insumisos.
En el paso siguiente de la escalada, el Concejo Deliberante de Andalgalá accionó ante pedidos de vecinos preocupados por el impacto ambiental de las actividades de MARA previas a la explotación del yacimiento Agua Rica. La arremetida de los concejales contó con la anuencia, si no la instigación, del intendente radical Eduardo Córdoba, que proviene de la antiminería. Los ediles encomendaron llevar adelante las acciones administrativas o judiciales que correspondan.
Andalgalá es el corazón de la antiminería catamarqueña. En abril del año pasado, un ataque a las sedes de la empresa Yamana Gold (controla Minera Agua Rica) y el Partido Justicialista revivió el recuerdo del estallido del 15 de febrero de 2010, detonado por el desalojo de un piquete que cortaba el paso hacia Agua Rica.
El 9 de septiembre de 2016, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el departamento. Si bien la Corte de Justicia la declaró inconstitucional en diciembre de 2020, el municipio sigue considerándola válida.
La oposición sigue la estela de los dos incidentes, que precedieron la habilitación de las obras en Tres Quebradas, en las que la empresa china Zijing Mining invertirá 380 millones de dólares para la una planta productora de carbonato de litio.
El interbloque de la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio manifestó su “enérgico repudio” a la política minera del Gobierno, a la que consideran basada en ejes “netamente rentistas” que contemplan “los intereses de las empresas en detrimento de los intereses de las y los catamarqueños”.
El documento contiene una referencia elíptica al incidente de la puna y a Mogetta y asociados.
"El Gobierno detrás de bambalinas, y en absoluta oscuridad, acuerda las condiciones de participación del Estado catamarqueño y los contratos de los proveedores de servicios mineros en la misma mesa de negociación. Ceden los intereses de los catamarqueños en función del monto de los contratos privados con los proveedores mineros amigos", consignaron los opositores.
