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SUSCRIBITEEl diputado provincial y presidente de la UCR local, Alfredo Marchioli respaldó la preocupación del intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán sobre el posible inicio de tareas vinculadas a la explotación de litio en el departamento. En este sentido, cuestionó a la Provincia por no informarle al municipio sobre estos trabajos.
En diálogo con la prensa, el también presidente de la UCR local admitió que los trabajos que se realizaron en Ancasti están lejos de significar que efectivamente comience una explotación minera en el corto plazo. “Lo que se hizo forma parte de la etapa de prospección que es anterior a la de exploración. En la prospección se hace un estudio superficial. En cambio, en la exploración, ya hay perforaciones para saber qué hay en profundidad”, detalló. Sin embargo, Marchioli consideró como “legítima y razonable”, la preocupación de todas las autoridades del municipio de Ancasti ante “la falta de información” sobre estos trabajos.
“Ya hace tiempo que se viene discutiendo esto y yo lo he planteado en reiteradas oportunidades. En cada proceso minero en el territorio, se tiene que avisar a las autoridades locales para evitar que se genere algún tipo de incertidumbre y zozobra de gran parte de la comunidad”, consideró.
Más adelante, apoyó el planteo de Santillán en torno a que “si no hay licencia social, no se puede avanzar con un proyecto minero”. En ese marco, Marchioli consideró que “ningún proyecto minero es viable sin licencia social” y que la “licencia social hay que construirla en forma conjunta entre el gobierno provincial, el municipio, la autoridad de aplicación y la sociedad”.
“Mínimamente se tendrían que haber avisado a las autoridades locales”, añadió.
Sobre la preocupación de vecinos que descubrieron que parte de sus propiedades fueron marcadas como posibles lugares donde se extraerá litio, Marchioli explicó que “cuando hay una manifestación de descubrimiento de mineral, se lo denuncia en el Ministerio de Minería que es la autoridad de aplicación y se tiene que informar si hay construcción, obras civiles, qué tipo de obras y si son de utilidad pública o propiedad privada”.
“Esta labor se realiza para evitar cualquier perjuicio a otra persona. Esto no es un acuerdo con el Estado, sino entre la empresa y el dueño de la superficie. Lo que hace el Estado es velar para que se llegue a un acuerdo”, indicó.
Finalmente, volvió a destacar “la preocupación y la rápida acción que tuvo la municipalidad de consultar, informarse y defender los intereses de los ancasteños”.
“Generar una conversación con la Autoridad Minera habría evitado llegar a esta instancia de zozobra ante la carencia de información”, cerró.
