De un lado del ring, el presidente Javier Milei y las empresas mineras que avanzan sin freno –algunas más que otras dependiendo de su emplazamiento–, a reformar la ley de protección de glaciares con un Congreso con más libertarios y provincias peronistas que apuestan a la minería. Del otro, están las organizaciones ecologistas que claman contra cualquier cambio a la norma de 2010. A ellas se suman los pequeños agricultores y ganaderos, bodegas y hasta empresas de agua embotellada que tienen sus temores sobre el impacto en las vertientes de la explotación de los metales en los Andes.
Pero también están los glaciólogos, quienes coinciden con las compañías en que la zona periglacial está mal definida en la legislación, y discuten sobre si la que realmente lo es, según su conocimiento, debe resguardarse o no, dependiendo de si cuenta con reservas estratégicas de agua.
Milei ha dicho hace dos semanas, envalentonado con el triunfo electoral, que no sólo impulsará las reformas laboral y tributaria sino otras como la de glaciares, además de la educativa y la penal. En cuanto a la que protege los heleros, el Presidente sostuvo que está mal definida la zona protegida periglacial, que no son los neveros blancos –zonas de montaña donde la nieve se concentra durante todo el año, como el Perito Moreno– sino que el permafrost –suelo, tierra, rocas y sedimentos que permanece congelado a cero grados o menos durante al menos dos años consecutivos–, que puede tener hielo o no, y que incluye los glaciares de escombro, que a simple vista aparecen rocosos.
El Presidente, que niega el cambio climático y censura en el ámbito estatal –desde el área de medio ambiente a la científica– a quienes lo contradicen en este aspecto, sostiene que la legislación está frenando inversiones millonarias en litio, cobre y otros minerales. Y aboga por la idea del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de que cada provincia determine qué es glaciar, periglaciar y qué no está protegido, en lugar de que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
El reclamo de las mineras
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne sobre todo a las multinacionales que manejan el negocio, alega que hasta el 75% de las áreas con riqueza minera queda vedada por la ley y que debe reformarse o reglamentarse porque la definición actual de áreas periglaciales podría, según su visión, frenar a futuros proyectos que ya tienen aprobación ambiental y avanzan.
Los glaciólogos están divididos. El Ianigla ha emitido la semana pasada un comunicado en el que informa que no ha sido ni siquiera consultado sobre una posible reforma. El instituto tiene un inventario de 16.968 glaciares, desde Jujuy a Tierra del Fuego, muchos de difícil acceso en la alta montaña límite con Chile, algunos justo donde hay potencial minero. Pero no hay una delimitación de las zonas periglaciales, que también están resguardadas por ley.
“El agua (superficial y subterránea) de la que dependen provincias como Mendoza es provista casi exclusivamente por el aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial”, advierte el Ianigla, que dirige Pablo Villagra, tiene sede en esa provincia e integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet).
“El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa asimismo una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos. Los glaciares de escombros, representativos del ambiente periglacial, pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior. Por lo tanto, constituyen reservas hídricas potenciales y cumplen una función hidrológica esencial al regular el aporte de agua a la escorrentía, pudiendo aportar entre un 25% y un 50% del caudal total en cursos de agua en los Andes Áridos, especialmente en años de sequía”, agregó el Ianigla.
Qué proteger
Pero no todos los glaciólogos están de acuerdo con el Ianigla. Silvio Pastore, que dirige el gabinete de estudios de glaciología de la Universidad de San Juan, provincia minera y de glaciares si las hay, se manifiesta a favor de la reforma: “Vemos favorable la modificación de la ley, o terminar de reglamentarla o solucionar ambigüedades porque prohíbe minería y explotación de hidrocarburos en ambiente periglacial. Hay que adecuar la norma para que los estados provinciales determinen qué es lícito, sin desproteger el ambiente y las reservas de agua”.
“El ambiente glaciar es conocido: la ley protege cuerpos de hielo, pero debe proteger reservas hídricas”, opina Pastore. “Hay dos ambientes fríos, el glacial, donde se desarrollan glaciares blancos, en general a mayor altitud y mayor latitud, y el periglacial. En el ambiente glacial se protege la geoforma. En el periglacial hay que proteger aquello que represente reservas hídricas estratégica para las provincias, que son las dueñas del recurso, y no proteger a aquellas reservas que no son estratégicas. La ley actual no define qué es reserva hídrica estratégica. Hay que ver su contenido de hielo y su aporte a la cuenca hidrológica local. Al menos durante dos veranos consecutivos hay que tomar datos, es un estudio mínimo de tres años”.
Milei sostuvo que está mal definida la zona protegida periglacial, que no son los neveros blancos –zonas de montaña donde la nieve se concentra durante todo el año– sino el “permafrost”: suelo, tierra, rocas y sedimentos que permanecen congelados a cero grados o menos durante al menos dos años consecutivos. Milei sostuvo que está mal definida la zona protegida periglacial, que no son los neveros blancos –zonas de montaña donde la nieve se concentra durante todo el año– sino el “permafrost”: suelo, tierra, rocas y sedimentos que permanecen congelados a cero grados o menos durante al menos dos años consecutivos.
En cambio, el glaciólogo Lucas Ruiz, que dejó este año el Ianigla para incorporarse a una consultora ambiental en Chile, arranca advirtiendo que “ningún científico de Conicet puede contradecir al Presidente” o se expone a la censura. También aclara que él trabajó en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés). A partir de ahí, opina: “No hay claridad sobre lo que es ambiente periglacial. La ley tuvo un buen objeto, pero no hay ambiente periglacial en la baja y media montaña, eso está mal”.
La posición de los ambientalistas
Entre las organizaciones ambientalistas exponen sus argumentos en contra de una reforma de la ley, Greenpeace sostuvo que modificarla “significa reducir la protección de las reservas de agua más importantes del país en plena crisis hídrica y climática”.
“Esto no es un cambio técnico: es una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica nacional y en la vida de 7 millones de personas”, advierte y recuerda que “los glaciares y el ambiente periglacial constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, regulan el ciclo hidrológico al almacenar agua en invierno y la liberan gradualmente durante el verano, aportando agua a ríos y arroyos en cuencas de montaña, y ayudan a estabilizar el clima global, reflejando radiación solar y amortiguando los aumentos de temperatura”.
“Argentina es uno de los países más dependientes del agua de los glaciares: alimentan 36 cuencas hídricas que cubren más de 1 millón de km² de nuestro país”, sostiene Greenpeace.
“Modificar la ley excluyendo glaciares pequeños o gran parte del ambiente periglacial es científicamente incorrecto y riesgoso”, alerta el grupo internacional sobre el contenido original de la ley Bases, que incluía esta reforma. Ahora se desconoce el proyecto exacto que enviará el Gobierno al Congreso. “¿Qué implica modificarla? Dejar fuera del área protegida a los glaciares menores a una hectárea. Dejar sin protección a gran parte de los componentes del ambiente periglacial. Abre la puerta a repetir casos de contaminación como los de Veladero (Jáchal), donde hubo múltiples derrames con cianuro y mercurio en los últimos años”, apunta a la mina de oro de la canadiense Barrick y la china Shandong a la que acusaron de la mortandad de miles de peces por derrame de cloro para neutralizar cianuro.
Pero Greenpeace apunta no sólo al impacto en la salud humana y animal: “Modificar la ley de Glaciares tendría impactos económicos como la disminución del agua para agricultura, turismo y consumo local e implicaría la necesidad de reemplazar con infraestructura costosa funciones que hoy cumple la montaña naturalmente”.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también se opone a cualquier cambio con el mismo argumento: “La afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas. A su vez, los glaciares desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, resguardan el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo. No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos”.
