La semana pasada se viralizó una entrevista televisiva en la que el candidato libertario a la Jefatura de Gobierno...
La semana pasada se viralizó una entrevista televisiva en la que el candidato libertario a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marras, criticaba al canal infantil Paka Paka. El hecho, en principio, es anecdótico y hasta provoca gracia por lo absurdo de los argumentos esgrimidos por el dirigente del partido de Javier Milei, pero en rigor merece un análisis más profundo porque lo que plantea es, en el fondo, una postura negacionista del genocidio perpetrado contra los pueblos originarios en suelo americano por la conquista española, del mismo tenor que el negacionismo enunciado por otra dirigente del espacio, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, respecto de la existencia del terrorismo de Estado.
Ambos hechos –el genocidio contra los aborígenes americanos y el terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura militar- están ampliamente documentados. En el primero de los casos, los historiadores estiman que más de cincuenta millones de indígenas fueron exterminados en todo el territorio americano por acciones violentas o enfermedades provocadas por las pésimas condiciones de vida a las que fueron sometidos.
En Argentina, además del genocidio de la conquista, se han registrado matanzas de habitantes de pueblos originarios durante la vida como país libre. Por ejemplo, durante las dos campañas del desierto, en la que fueron aniquilados casi 20.000 indígenas. Otro episodio paradigmático fue la conocida como masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924, cuando la policía chaqueña y grupos paramilitares de estancieros de la zona asesinaron a cientos de aborígenes de los pueblos qom y moqoit.
Días pasados, antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron el lugar donde se presume que fueron enterradas las víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887. Se trata de una fosa común ubicada en esa localidad de la provincia de Santa Fe que contiene restos de 14 hombres, una mujer y un niño también de las comunidades moqoit y qom fusilados por el Ejército argentino.
La matanza sobrevino luego de una rebelión aborigen que venía incubándose a partir del régimen de semiesclavitud al que eran sometidos, pero que terminó haciendo eclosión cuando fue raptada una niña indígena por pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen “una chinita” para servidumbre.
El caso también está ampliamente documentado y será sometido a un juicio por la verdad histórica, como ya lo fue la masacre de Napalpí.
Mal que le pese a los negacionistas, el genocidio de los pueblos originarios en territorio americano, como el terrorismo de Estado ejecutado por la dictadura militar que usurpó el gobierno en 1976, no son interpretaciones de la historia sino parte objetiva y documentada de la historia.
