Hubo un rechazo a las políticas represivas y de ajuste. Se cuestionó la baja de la edad de imputabilidad.
El IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), celebrado en Tinogasta, Catamarca, cerró el sábado último con una contundente defensa del derecho a la protesta, el rechazo a la baja de la edad de punibilidad y el llamado a ejercer una justicia más humanitaria, con la mirada del Papa Francisco como inspiración. Al igual que en la jornada de apertura, estuvo presente el gobernador de la provincia, Raúl Jalil.
Con la participación de jueces, legisladores y referentes de la Iglesia Católica, el encuentro propuso debatir y reflexionar sobre temas urgentes y centrales de la realidad argentina.
“El derecho a la protesta y a la huelga, que sería la expresión de esa protesta por parte de la clase trabajadora, son instrumentos esenciales para la protección y la ampliación de los derechos”, afirmó Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y vicecoordinador de la Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU. El magistrado sostuvo que la protesta y la huelga “son una expresión de la democracia y del progreso de los pueblos” y se preguntó qué hubiese pasado si en 1810, en la Semana de Mayo, hubiesen estado la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, y su protocolo antipiquetes. Pompa –quien participó de forma virtual–indicó que, en lugar de estimular una normativa represiva, los Estados deben promover un entorno propicio y seguro para la protesta y la huelga. “Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que se confronte un derecho del capital con un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque en él está en juego la dignidad de las personas y la justicia social”, concluyó el camarista.
No al punitivismo
En el panel “La protección especial de niñas, niños y adolescentes ante los proyectos de reforma del sistema penal juvenil”, César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, se refirió a “oscuras miradas que evalúan la condición de este colectivo –los jóvenes– para enfrentar la temática con perspectiva regresiva, represiva y punitivista”. También habló de “categorizaciones dentro de la población juvenil: las pibas y pibes pobres siguen siendo el eje". En cuanto a la responsabilidad del Estado, Jiménez afirmó: “La sociedad que no apuesta a la prevención acaba interviniendo a través de la represión. La prevención no requiere de una compleja ingeniería estatal, sino de políticas coordinadas y eficaces en materia de educación, fortalecimiento familiar, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano, todo fuertemente entrelazado”.
