La protesta nacional del sector educativo tuvo un amplio respaldo en Catamarca. El gremio local advirtió que el conflicto podría endurecerse.
La jornada de protesta que mantiene en vilo al sistema educativo argentino encontró en Catamarca un respaldo contundente. Este lunes, los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) se sumaron al paro de 24 horas convocado por las organizaciones sindicales de todo el país, en un clima de creciente tensión que podría desembocar en una escalada de medidas durante los próximos días.
Mientras que a nivel nacional la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) reportó un "altísimo acatamiento" y una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía, en la provincia el foco del reclamo se centró en el incumplimiento de una cautelar que, según denuncian los gremios, el Gobierno nacional estaría ignorando.
Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU) y referente de Conadu Histórica señaló que la medida de fuerza no solo responde a un reclamo salarial, sino también a una postura política del oficialismo que, a su criterio, desatiende las necesidades del sistema público. "La educación es un derecho y no un servicio y parece que desde el Gobierno lo han olvidado. Nos llama poderosamente la atención que un Estado desconozca las leyes y lleve adelante un discurso mediático para confundir", disparó Morales.
El gremialista explicó que los trabajadores tenían la expectativa de que este mes se acreditara un incremento del 37% en los salarios, tal como lo establece una resolución judicial vigente. Sin embargo, la actualización nunca llegó, lo que profundizó el malestar en las aulas universitarias. Morales adelantó que mañana miércoles se llevará a cabo un Congreso Nacional donde se definirá el rumbo de la protesta. "Si el Gobierno no anuncia el cumplimiento de la cautelar, vamos a volver a la medida de fuerza", sentenció.
Mientras tanto, desde CTERA se reiteró el pedido de convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el envío de los fondos adeudados a las provincias.