Uno de los fenómenos que hacía un tiempo prolongado que no se registraba en la Argentina es el aumento de desempleo. El gobierno de Alberto Fernández se fue con un nivel de desocupación muy bajo, aunque con sueldos en un alto porcentaje por debajo de la línea de la pobreza. La etapa política inaugurada en diciembre combina hasta el momento un incremento de la pobreza y la indigencia con una evolución positiva también del desempleo.
La situación es preocupante y amenaza con agravarse en el corto plazo. Según datos de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en los últimos cuatro meses se registraron 20.000 pérdidas de fuentes de trabajo en el sector, mientras que la proyección indica que a partir de mayo la tendencia se profundizará.
La actividad industrial cayó en febrero un 6,8%, en lo que fue el noveno mes consecutivo a la baja. El sector creció significativamente entre 2021 y el segundo trimestre de 2023, cuando empezó a dar señales de estancamiento. Desde entonces comenzó a decaer y en el último trimestre medido el derrumbe fue más pronunciado.
El sector más afectado es el de las pequeñas y medianas empresas: de las aproximadamente 50.000 pymes industriales que existen el país, alrededor de 7.500 están en crisis. Si la situación no se revierte en los próximos meses y no hay demasiadas evidencias de que eso suceda, IPA advierte que unos 150.000 trabajadores podrían quedarse sin trabajo solo este año.
La depresión económica que vive la Argentina afecta a todas las empresas, pero las pymes la sufren más porque no tienen el respaldo económico y financiero de las grandes firmas para aguantar. Además, medidas concretas del gobierno han impactado de lleno en el sector, como la derogación de las leyes de góndola y de compre argentino a través del DNU por ahora vigente, o la apertura de importaciones. Desde la organización que nuclea a las pymes industriales señalaron que las importaciones están afectando principalmente, como sucede históricamente –ocurrió también durante el gobierno de Mauricio Macri-, al sector textil y del calzado. Calculan que si no se revierte este proceso podrían quedar sin trabajo 10.000 confeccionadores.
El incremento del precio de la energía eléctrica y el gas y la falta de acceso al crédito son problemas que completan un panorama que algunos empresarios ya califican como “desesperante”.
Otra diferencia es que las empresas más chicas, a diferencia de las grandes, no logran un interlocutor en el gobierno nacional, un funcionario que pueda escuchar sus quejas y pedidos. Es que el gobierno no tiene a las pymes en el radar y solo interactúa con las grandes corporaciones, en quienes deposita las esperanzas de una eventual recuperación económica. Se trata de un error mayúsculo en un país en el que las pequeñas y medianas empresas en general representan al 97% del total de empresas, el 44% del PBI y genera el 79% de los empleos privados, es decir, 11 millones de puestos de trabajo.